La demanda data del 2024, dos años después de que se creó la empresa estatal; hasta la fecha sigue abierta
Karla Mora / El Sol de México
La empresa estatal Litio para México está atada de manos y no puede explorar ni explotar nada con este mineral. Apenas tenía dos años de existencia bajo la dirección de Pablo Taddei, sobrino de la ahora expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, cuando tres empresas extranjeras recurrieron al arbitraje internacional, para que se les respetaran las concesiones que les permitían extraer el litio.
Las empresas buscaban la creación del proyecto Sonora Lithium Project, en el municipio de Bacadehuachi de la Sierra Madre Occidental de Sonora, donde presuntamente estaba el mayor yacimiento de litio en el mundo, con reservas estimadas en 243.8 millones de toneladas.
El objetivo era construir una planta de litio de grado batería con una capacidad de 35 mil toneladas anuales en Sonora. Cuando el gobierno creó LitioMX, el plan se vino abajo.
El Sol de México informó en su edición del 28 de octubre de 2026 que LitioMX destina la mayoría de sus recursos al pago de salarios, sin que, hasta el momento, tenga proyectos tecnológicos e industriales.
Según informes financieros, los proyectos permanecen en etapa de planeación y la primera inversión real sobre el litio está prevista hasta el año 2028. Al tercer trimestre de 2026, de los 10 millones 786 mil 721 pesos que recibió de presupuesto para este año, 10 millones 111 mil 504 pesos se destinaron a “servicios personales”, es decir, a sueldos y prestaciones. Lo que equivale al 93 por ciento de los recursos reportados.
Sobre el tema, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, declaró el 29 de octubre de 2026 que la falta de producción se debe a que, tras la nacionalización del mineral, una de las empresas concesionarias recurrió a un panel internacional para que resolviera el conflicto. “Mientras ese litigio no se resuelva, no hay forma de que LitioMX produzca un grano”, aseveró.
El conflicto al que se refirió Alfonso Durazo lo presentaron las empresas Bacanora Lithium Limited y Sonora Lithium, ambas constituidas en el Reino Unido; y Ganfeng International Trading,de China, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución internacional perteneciente al Grupo del Banco Mundial dedicada a la solución de controversias sobre inversiones internacionales.
En febrero de 2021, la empresa británica de capital canadiense Bacanora Lithium anunció el arranque de la construcción de Sonora Lithium Project, después de lograr la recaudación de 450 millones de dólares para financiar el proyecto.
La ejecución estaba en proceso cuando en abril de 2022, el Gobierno de México declaró al litio como un patrimonio de la Nación y un área estratégica de explotación exclusiva del Estado.
Meses después, en agosto, se oficializó la creación de la empresa estatal LitioMx para controlar su exploración y explotación, lo que sepultó la posibilidad de otorgar concesiones futuras.
Aunque Litio MX respondió en una solicitud de transparencia que, a consecuencia de la nacionalización, los derechos de las empresas que tenían las concesiones antes del 2022 no se aplicarían de manera retroactiva, es decir que se mantendrían, en agosto del 2023 la Secretaría de Economía notificó de la cancelación de nueve concesiones a Ganfeng Lithium.
Presuntamente, la cancelación de las concesiones no fue la nacionalización del litio, sino que la empresa no cumplió con la inversión mínima requerida de 2017 a 2021.
Las inversionistas extranjeras presentaron la demanda arbitral en junio de 2024, invocando las protecciones de tratados bilaterales de inversión.
Las demandantes (Bacanora Lithium, Sonora Lithium y Ganfeng International) solicitan principalmente la restitución de las siete concesiones mineras del Proyecto Sonora Lithium y sus derechos conexos.
En caso de no darse la restitución, reclaman una indemnización por daños y perjuicios correspondiente a la pérdida integral del proyecto.
En el último año, resolvieron apenas aspectos procedimentales de organización, es decir, cuestiones operativas, logísticas y administrativas.
Por ejemplo, el 7 de marzo de 2026, México presentó su Memorial de Contestación sobre el Fondo y Memorial sobre Jurisdicción, escrito en el que responde a las acusaciones de fondo hechas por las empresas que tenían la concesiones; sin embargo, el proceso fue suspendido del 2 de abril al 8 de mayo, por la renuncia de uno de los árbitros que llevaba el caso ante el tribunal del CIADI.
En junio de este año, México, a través de la Secretaría de Economía, y las empresas demandantes, intercambiaron sus solicitudes de exhibición de documentos sobre el caso, el cual sigue abierto y actualmente se encuentra en la fase de intercambio de pruebas.
