Luisa María Alcalde estrena su puesto como consejera jurídica explicando que el Departamento de Justicia necesita probar que haya riesgo de fuga o de obstaculizar la aprehensión del exgobernador de Sinaloa
EL PAÍS
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) está a la espera de que Estados Unidos mande las pruebas que justifiquen la urgencia de la aprehensión del gobernador Rubén Rocha y otros nueve funcionarios de Sinaloa por supuestos vínculos con el narcotráfico. La recién estrenada consejera jurídica, Luisa María Alcalde, ha explicado que Washington no ha presentado ante el Gobierno mexicano una solicitud formal de extradición, sino una solicitud de detención provisional con fines de extradición que requiere justificar el carácter urgente del proceso, solo avalable por riesgo de fuga u obstaculización. “La SRE dice que por qué es tan urgente, que qué pruebas tienen. Y la FGR dice que hay que pedir más pruebas porque no ve pruebas de la urgencia”, ha explicado la presidenta, Claudia Sheinbaum, en su rueda de prensa matutina de este lunes.
La tormenta política y diplomática que desató el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos por pedir la detención y extradición de Rocha y una lista de altos cargos políticos, de seguridad y fiscales de Sinaloa está en pleno proceso de validación jurídica en México. Por el momento, Alcalde defiende que los elementos probatorios de la acusación que faltan deben justificar el carácter urgente del trámite, según lo establece el Artículo 11 del Tratado de Extradiciones entre México y Estados Unidos. “La FGR determina que no existe al momento o no se aportó ningún elemento o prueba que acredite la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada y es necesario solicitar información adicional”, ha puntualizado. Por ello, la SRE ha solicitado evidencias a Estados Unidos que avalen el carácter urgente antes de presentarlo a un juez. Alcalde también ha señalado que se ha violado la confidencialidad de los acusados y su presunción de inocencia, lo que les ha expuesto a “linchamiento mediático” que puede sesgar a las autoridades investigadoras y contaminar las pruebas.
Esos elementos de urgencia que faltan deben ser pruebas de que existe riesgo de que Rocha y los demás funcionarios se fuguen de la justicia o bien de que el proceso legal encuentre obstáculos. Si Washington los envía y el juez considera que son fundados, se procede a la detención y se abre un plazo de 60 días para que Estados Unidos solicite formalmente la extradición. Sin embargo, para ello también deberá demostrar que existen evidencias contundentes de los delitos de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer estas armas que describen en la acusación. Shainbaum ha asegurado que, por el momento, la investigación de Fiscalía de Estados Unidos y la DEA se basa en testimonios anónimos y unos papeles manuscritos en los que se enlistan pagos a personajes bajo alias que no son suficientes para determinar la responsabilidad de los funcionarios mexicanos.
