El bloque morenista pudo apagar sus resistencias internas y logró la mayoría calificada en votaciones en lo general y particular
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El decreto pasa ahora a los congresos estatales en donde también deberá ser aprobada por al menos 17 de los 31 congresos, para luego ser publicada en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor.
La sesión estuvo marcada desde el inicio por la confrontación entre el oficialismo y la oposición, que en buena parte se salió del tema central. El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, subió a tribuna acompañado de su bancada vistiendo playeras negras con la leyenda “#YoConMaru”, en respaldo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
Llevó además playeras guindas con el logo “#YoConRocha” y retó a los senadores de Morena a ponérselas. Ninguno lo hizo.
“No hubo uno que se venga a poner la playera de Yo con Rocha, porque les avergüenza tener un narcogobernador”, dijo Anaya, y remató con un llamado directo: “Entreguen a Rocha Moya ya”.
En primera fila del salón de plenos, presenciaba la escena Omar López Campos, secretario del Bienestar del Gobierno de Sinaloa y suplente del senador Enrique Inzunza, quien horas antes tramitó su licencia temporal para no asistir al pleno. Inzunza, señalado por autoridades de Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico, había publicado en redes sociales que estaba en el Senado, pero nadie lo vio y su oficina lució vacía durante toda la jornada.
Al hablar de la reforma, Anaya acusó que tiene “un objetivo escondido detrás de estos cientos de páginas” y apuntó a concentrar la selección de candidaturas judiciales en un comité “a modo” controlado por Morena.
El senador morenista Alejandro Murat respondió vestido con la playera verde de la selección nacional: “Si vamos a ponernos algo es ésta, la de México”. Advirtió que el objetivo de la reforma es “que la justicia deje de estar secuestrada por intereses particulares y se ponga al servicio de la ciudadanía”.
Su compañera de bancada Malú Micher le contestó a los panistas: “Yo con Maru, para ir al bote, vulnerar la soberanía, ni a la esquina voy”.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, tildó la iniciativa de “la reforma de la hipocresía” y advirtió que la ampliación del periodo de magistrados electorales se ve reflejado en los favores políticos que les deben a los integrantes del Poder Judicial.
Sostuvo que cualquier cambio en el Senado habría obligado a los diputados a volver a sesionar, lo que era imposible dado que el periodo extraordinario se estaba agotando, y que ese argumento fue el que usó el coordinador morenista Ignacio Mier para sofocar las resistencias internas antes de la sesión.
El cambio central del decreto es mover la próxima elección de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación del 2027 al primer domingo de junio de 2028, para evitar que coincida con los comicios federales y locales de ese año.
El punto más polémico llegó el día antes de última hora en la Cámara de Diputados: una reserva presentada por el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna que eliminaba la palabra “no” del artículo Cuarto Transitorio del decreto.
Con ese cambio, los magistrados de la Sala Superior del TEPJF en funciones —que el texto original impedía reelegirse— quedan habilitados para postularse en 2028.
Los beneficiados serían Mónica Soto, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez Mondragón, electos en 2016 por un periodo original de nueve años. Con la reelección, podrían permanecer en el cargo hasta 2033 o 2034, acumulando más de 17 años en la Sala Superior.
La reserva generó una fractura visible en el bloque oficialista en Diputados: 22 legisladores de Morena se abstuvieron, entre ellos Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar, quien la calificó de “vergüenza nacional” y advirtió que viola el artículo 99 constitucional.
En el Senado, el coordinador morenista Ignacio Mier convocó a su bancada a una reunión previa para contener las inconformidades y garantizar que las reservas se votaran en bloque, impidiendo que los senadores disidentes votaran en abstención ese punto específico.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la decisión del Congreso en su conferencia mañanera del jueves, aunque matizó que no se trata de una extensión de mandato por 17 años ni de una reelección automática, argumentando que sería la ciudadanía quien tuviera el último voto en las urnas.
