La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aplicó sanciones contra 82 servidores públicas, un particular y una empresa, que incluyen destituciones, suspensiones, inhabilitaciones de hasta 10 años y sanciones por un total de 175 millones de pesos.
EXCELSIOR
Las resoluciones se emitieron conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas: el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso las sanciones correspondientes a faltas graves, mientras que los Órganos Internos de Control (OIC) y las Unidades de Responsabilidades determinaron las medidas por faltas no graves.
Los mayores quebrantos: CFE, Manzanillo y SUPERISSSTE
Entre las multas más elevadas impuestas por el TFJA destaca la inhabilitación por 10 años y una multa de 119 millones de pesos a Caleb B., de la División de Distribución Centro Sur de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Morelos, quien entre 2019 y 2020 omitió contestar cuatro demandas laborales y provocó condenas de pago por ese mismo monto.
También de la CFE fueron inhabilitados por una década Cristina L. (multada con 750 mil pesos por omitir registrar 420 faltas y 496 días de suspensión en Mérida) y Cecilio S. (413 mil pesos por autorizar pagos indebidos de horas extra y alimentos), además de Emmanuel A., inhabilitado un año en el Bajío por rechazar injustificadamente una propuesta de licitación.
En la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, en Colima, Javier S. y Hernán C. recibieron 10 años de inhabilitación y una indemnización por 33 millones de pesos por suscribir y dictaminar en 2017 un pago sin justificación jurídica por rentas e intereses moratorios de una parcela.
Por su parte, en el ISSSTE, nueve exfuncionarios de la Subdirección del SUPERISSSTE en la Ciudad de México (Ruy A., Armando G., María Z., Víctor V., Jesús E., José M., Carlos G., Alma R. y Jorge N.) fueron inhabilitados por 10 años y sancionados de forma conjunta con 18 millones de pesos tras pagar facturas a dos empresas en 2018 sin autorización de la Comisión de Abasto.
Irregularidades en Pemex, IMSS, Sader y Banco del Bienestar
En Pemex, el TFJA inhabilitó por 10 años a Araceli H. en Veracruz (multa de 854 mil pesos) y a Cristofer C. en Guanajuato (362 mil pesos) por continuar cobrando prestaciones de gasolina durante años pese a haber vendido los vehículos registrados; asimismo, Carlos L. recibió 10 años de inhabilitación y multa de 286 mil pesos en Tabasco por cobrar seis meses de sueldo en 2023 sin presentarse a laborar.
En el IMSS, Tania M. fue inhabilitada por 10 años y multada con 1.7 millones de pesos por alterar registros en 2018 y 2019 para aumentar indebidamente periodos de cotización de derechohabientes, mientras que Jerardo R. recibió un año de inhabilitación y multa de mil pesos por presentar una incapacidad alterada.
En la Secretaría de Agricultura en Tamaulipas, Eduardo M. fue inhabilitado 10 años y la empresa R. por un año —con una sanción solidaria de 330 mil pesos— por simular un convenio con una persona fallecida en 2018 para desviar un apoyo de riego tecnificado. Asimismo, en el Banco del Bienestar, siete funcionarios de sucursales en Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca y Chihuahua recibieron inhabilitaciones de entre uno y 10 años, además de multas que van de 13 mil a 209 mil pesos, por reportar saldos diarios de caja alterados.
Destituciones en Guardia Nacional y sanciones por acoso y abuso
En el rubro de faltas graves por conductas sexuales y abuso de funciones, el TFJA dictó 10 años de inhabilitación a Luis E., adscrito al CBTIS 227 de la SEP en el Estado de México, por realizar comentarios y tocamientos de índole sexual a un menor de edad en 2020; tres años a Armando T. en Pemex por comentarios sexuales a una compañera; y un año a Carlo L., de la Conservaduría de Palacio Nacional de la SHCP en Veracruz, por prestar un libro con contenido sexual e incitar su lectura a una servidora pública.
De igual forma, se impuso inhabilitación por un año a Martín B., de la Secretaría de Relaciones Exteriores, debido a que en 2024 aprovechó su puesto para solicitar autorización para un supuesto evento oficial en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte (MUNAL), pero lo utilizó para celebrar un evento de carácter personal. En la SICT, la particular Ana C. fue destituida e inhabilitada por seis meses por presentar una licencia aeronáutica falsa.
Respecto a las faltas no graves resueltas en 16 dependencias, destacó la destitución de 17 integrantes de la Guardia Nacional en Oficinas Centrales de la Ciudad de México por entregar certificados de estudios no válidos en 2024 y 2025 para tramitar licencias de portación de armas de fuego o acreditar permanencia laboral. Se inhabilitó por un año a Felipe M. en Michoacán por elaborar en 2023 un informe policial incongruente con videograbaciones, lo que derivó en la liberación de un presunto culpable.
Otras sanciones incluyeron un año de inhabilitación a Gerardo L., de Banjército, por solicitar 12 mil pesos a un particular a cambio de un empleo (de los cuales recibió 2 mil), un año a Alfonso G. en ASIPONA Manzanillo por faltas de respeto a una subordinada, así como suspensiones temporales y amonestaciones en Finabien, SAT, Banobras, INDEP, Conagua, Secretaría de Salud, ASA, Fonacot e IMSS por faltantes de caja, agresiones físicas o verbales y omisiones administrativas.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno precisó que las personas sancionadas conservan su derecho a impugnar las resoluciones, aunque advirtió que defenderá los fallos con firmeza por estar respaldados en evidencia y apegados a derecho, al tiempo que invitó a la ciudadanía a denunciar irregularidades en el portal denuncias.gob.mx.
