La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició dos carpetas de investigación relacionadas con el centro de rehabilitación de adicciones Casa de Vida Clínica de Recuperación Tlalpan, luego de que mujeres internadas denunciaran que eran privadas de su libertad, sometidas a presuntos actos de violencia y fotografiadas en ropa interior, imágenes que presuntamente eran comercializadas a través de redes sociales.
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Como parte de las indagatorias, agentes de la Policía de Investigación detuvieron a Daniela Armijo Marfileño, de 30 años, señalada por su probable participación en el delito de privación de la libertad personal, en su modalidad de secuestro agravado, con el propósito de causar daño a la persona privada de la libertad.
La mujer fue localizada el 16 de octubre de 2026, en un inmueble ubicado en boulevard Apatlaco 165, colonia Campo del Rayo, municipio de Temixco, Morelos, donde se cumplimentó una orden de aprehensión en su contra.
Al menos seis mujeres denunciaron que, durante su internamiento en Casa de Vida Clínica de Recuperación Tlalpan, eran fotografiadas únicamente con ropa interior, bajo el argumento de que las imágenes formarían parte de un expediente clínico.
“Me tomaron en tres ocasiones fotos en ropa interior, decían que era para un expediente clínico, pero nunca vi eso”, declaró una de las víctimas, quien solicitó mantener su identidad en el anonimato.
La mujer también denunció que, ante la falta de pago de las cuotas del centro, las internas eran sometidas a castigos que incluían dejarlas sin alimentos y mantenerlas incomunicadas.
“Por la falta de pago, también nos dejaban sin comer y nos dejaban incomunicadas”, señaló.
Las indagatorias establecen que Daniela, quien era identificada por las internas como la “madrina”, presuntamente recolectaba las fotografías de las mujeres en ropa interior y las enviaba a un grupo de WhatsApp.
Las imágenes consistían en fotografías de frente y de espaldas, tomadas únicamente con pantaleta.
Según consta en la carpeta de investigación CI-FIDS/FDS-2/UI-FDS-2-01/00054/01-2026, esas imágenes presuntamente eran comercializadas a través de redes sociales.
En los antecedentes de la investigación se contabilizan 18 víctimas.
Las pesquisas señalan que el costo del tratamiento era de mil 500 pesos semanales y la estancia tenía una duración de cuatro meses y una semana, por lo que el total ascendía a 30 mil pesos.
Al ingresar, las personas firmaban un contrato en el que aceptaban el pago de dicha cantidad.
La directora del establecimiento era mencionada por las internas únicamente como Monserrat, quien presuntamente les indicaba que, si deseaban abandonar el centro, debían acudir directamente con ella.
Además, no tenían derecho a ver a sus familiares durante los primeros 10 días de estancia.
Las denuncias describen un entorno de presuntas vejaciones y humillaciones constantes contra las mujeres internadas.
De acuerdo con los testimonios, las víctimas eran obligadas a realizar sentadillas o subir y bajar escaleras hasta presentar signos de desmayo.
Entre ellas mencionaron a Arumi, Mariana y Ana, quienes presuntamente daban órdenes, las regañaban e imponían castigos.
Las víctimas denunciaron que, como parte de esas sanciones, podían permanecer sin recibir ningún tipo de alimento.
También eran encerradas en sus habitaciones y, cuando alguna se oponía a las órdenes o cuestionaba los castigos, presuntamente la dejaban sin comer durante dos días.
Los testimonios refieren que, durante los encierros, no se les permitía bañarse ni realizar sus necesidades fisiológicas.
Como consecuencia, cuando finalmente les abrían las puertas, las internas se encontraban en malas condiciones.
Posteriormente, eran llevadas al baño, donde presuntamente las desnudaban y bañaban con agua fría.
De acuerdo con las denuncias, estos actos también eran grabados por Daniela “N”.
Las víctimas también señalaron que las personas que intentaban retirarse del centro de rehabilitación eran engañadas.
Además decían que podían abandonar las instalaciones sin ningún problema y que el personal se encargaría de hablar con sus familiares. Sin embargo, eran encerradas durante varios días.
Mientras tanto, el personal del centro se comunicaba con sus familias para informarles que no podían visitarlas debido a que, supuestamente, estaban retrocediendo en su tratamiento.
Incluso, cuando los familiares acudían a las instalaciones, no les permitían ver a las mujeres internadas.
Regularán centros de rehabilitación
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó ante el Congreso capitalino una iniciativa para crear la Ley de Bienestar Emocional, Salud Mental y Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas, con la que busca regular los centros de rehabilitación, conocidos como anexos, y garantizar que los tratamientos se realicen bajo un enfoque de derechos humanos.
La propuesta plantea prohibir los internamientos involuntarios en los centros de rehabilitación, así como los castigos, el aislamiento, la incomunicación y cualquier trato cruel, inhumano o degradante contra las personas internadas.
- Internamientos voluntarios: las personas tendrán derecho a decidir si aceptan o rechazan un tratamiento. La estancia deberá durar el tiempo estrictamente necesario.
- Regulación de anexos: todos los centros públicos, privados y de ayuda mutua deberán contar con un registro de funcionamiento expedido por el Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA).
- Inspecciones y sanciones: el nuevo instituto podrá supervisar los establecimientos, investigar irregularidades y aplicar multas, clausuras o revocar registros.
- Prohibición de abusos: quedarán prohibidos los castigos físicos, las humillaciones, el aislamiento y la incomunicación. La contención física o médica será excepcional y únicamente podrá utilizarse ante un riesgo inminente.
- Atención de emergencias: las crisis relacionadas con intoxicaciones o síndromes de abstinencia que pongan en riesgo la vida deberán atenderse en hospitales.
- Mayor presupuesto: se propone destinar recursos adicionales para fortalecer los servicios de salud mental y atención a las adicciones.
La iniciativa también contempla la creación del IASAMA, organismo encargado de coordinar los servicios de salud mental y adicciones, así como establecer una red de atención comunitaria y especializada.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México para su análisis y dictaminación.
