La investigadora y activista Reina Castro Longoria cuestiona opacidad en el proyecto para confinar 100 mil toneladas de residuos de tierra contaminados
EL SOL DE HERMOSILLO
La investigadora de la Universidad de Sonora, Reina Castro Longoria advirtió sobre la extensión de riesgos de contaminación en las comunidades del Río Sonora derivado del nuevo proyecto de remediación ambiental que contempla el depósito de 100 mil toneladas de sedimentos tóxicos en un predio del municipio de Ures.
Esta acción forma parte del Programa Integral de Remediación Ambiental en la Cuenca del Río Sonora de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que inició oficialmente el pasado 15 de octubre a 12 años del derrame de 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora recorriendo más de 271 kilómetros lineales de cauce.
El plan incluye el manejo de 100 mil toneladas de suelos y sedimentos contaminados que se analizarán para precisar los volúmenes que requieren intervención, así como los trabajos necesarios para cumplir con los criterios de remediación de acuerdo a la Semarnat.
Al respecto, la también activista manifestó que el manejo de la tierra que se pretende retirar representa un riesgo para la población si no existe un proyecto de remediación transparente, con estudios técnicos y medidas de seguridad que impidan la dispersión de contaminantes.
Castro Longoria expuso que el terreno considerado para el acopio está en la localidad de San Rafael, en Ures, y abarcaría media hectárea, por ello alertó sobre las consecuencias de utilizar un espacio cercano a zonas habitadas para concentrar la tierra contaminada que sea removida en el proceso de remediación.
Esto debido a que el traslado y la descarga de los materiales podrían generar movimiento de partículas y polvo que, con ayuda del viento, se dispersarían hacia las comunidades aledañas.
Mencionó que entre los habitantes existe incertidumbre sobre el alcance del proyecto y la posibilidad de que se habiliten otros espacios de confinamiento a lo largo de la cuenca del Río Sonora, sin que se conozcan los detalles técnicos de esas acciones.
Además, agregó que a esto se suma la falta de información pública sobre la empresa responsable de los trabajos, el origen de los suelos que serán removidos y los sitios donde se pretende concentrar el material contaminado.
Para la investigadora, uno de los principales problemas es que las comunidades afectadas no cuentan con información suficiente sobre el plan de remediación ni sobre los procedimientos que se aplicarán para retirar, transportar y almacenar los sedimentos.
En ese sentido, subrayó que la falta de claridad resulta especialmente preocupante después de más de una década del derrame, período en el que los habitantes han enfrentado las consecuencias de la contaminación y ahora temen una nueva exposición a sustancias peligrosas.
Castro Longoria sostuvo que las autoridades deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables al manejo de residuos mineros y suelos contaminados, entre ellas las normas oficiales mexicanas NOM-157, NOM-147 y NOM-173, cuya aplicación debe corresponder a las características del sitio y al tipo de material que se pretende manejar.
Asimismo, indicó que el carácter temporal del acopio no representa una garantía suficiente para las comunidades, sobre todo cuando, a su juicio, no se han explicado públicamente los plazos, las condiciones de almacenamiento ni el destino final de los materiales.
Por ello, demandó la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que dé a conocer el proyecto, supervise su cumplimiento y garantice que las decisiones se tomen con información técnica verificable y participación de los habitantes.
La investigadora explicó que una remediación adecuada debe contemplar, en una primera etapa, la evaluación y caracterización de los sitios donde se pretende confinar el material, además de estudios complementarios que permitan determinar los riesgos y las medidas necesarias.
