La medida afecta 12 puntos de abastecimiento en Arizona, mientras aumentan los hallazgos de migrantes fallecidos
Alberto de la Hoya / TRIBUNA DE SAN LUIS
El gobierno de Estados Unidos negó la renovación de permisos para mantener 12 estaciones de agua potable en el desierto de Arizona, incluidas las ubicadas en el Monumento Nacional Organ Pipe Cactus, frente a la región fronteriza de Sonoyta, Sonora.
La decisión afecta a la organización humanitaria Humane Borders, que desde 2001 coloca depósitos de agua en zonas desérticas utilizadas por migrantes que intentan ingresar a territorio estadounidense.
Las estaciones afectadas representan aproximadamente el 30% de los puntos de abastecimiento operados por la organización, que recibió las negativas del Servicio de Parques Nacionales, la Oficina de Administración de Tierras y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos.
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La medida impacta directamente en la ruta Sonoyta-Lukeville, donde las condiciones del desierto representan un peligro para quienes realizan recorridos prolongados sin suficiente agua.
El Servicio de Parques Nacionales justificó su decisión por motivos de seguridad, protección de recursos naturales y aplicación de la ley. También argumentó que la existencia de estaciones de agua podría generar una falsa sensación de seguridad y alentar a los migrantes a internarse en zonas peligrosas.
Por su parte, Octavio Fuentes, director ejecutivo de Humane Borders, rechazó ese argumento y explicó que los depósitos se colocan en sitios donde previamente se han documentado fallecimientos.
De acuerdo con los registros actualizados de la organización, durante 2026 se ha reportado el hallazgo de restos de 89 migrantes en Arizona. En la zona de Organ Pipe se habían contabilizado 16 casos cuando se anunció la negativa de los permisos.
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Los depósitos también pueden ser utilizados por excursionistas, cazadores y cualquier persona que necesite agua durante una emergencia.
Humane Borders anunció que continuará sus actividades en terrenos privados y espacios administrados por autoridades locales donde conserve autorización, además de buscar alternativas legales para recuperar los puntos de abastecimiento afectados.
