MILENIO
En un paso definitivo para la regulación del entorno virtual en el país, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles 14 de octubre el decreto presidencial que oficializa el acuerdo con las principales plataformas y redes sociales para combatir de raíz la violencia digital.
La medida busca blindar de manera inmediata a niñas, niños y adolescentes ante el embate de discursos de odio, ciberacoso, explotación sexual y contenidos que inciten a la violencia.
Acompañada por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, la mandataria federal detalló durante La Mañanera del Pueblo que las empresas tecnológicas globales —entre ellas Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google y X— respaldaron la iniciativa gubernamental, comprometiéndose a una transición técnica que iniciará formalmente con la publicación del documento en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Ultimátum digital, 30 días para limpiar algoritmos
De acuerdo con lo expuesto por Luisa María Alcalde, el decreto —sustentado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes— otorga un plazo máximo de 30 días naturales para que las firmas tecnológicas documenten y notifiquen al gobierno de México los mecanismos implementados para acatar las nuevas obligaciones.
Entre las principales disposiciones obligatorias destacan:
- Remoción inmediata. Obligación de identificar y bajar publicaciones asociadas al extremismo violento, acoso, ciberbullying, pornografía explícita, autolesiones y trastornos alimenticios.
- Filtros de edad estrictos. Mecanismos certeros para verificar la edad de los usuarios y clasificar los contenidos aptos para menores.
- Privacidad por defecto. Las cuentas de niñas, niños y adolescentes deberán incluir las configuraciones de seguridad más restrictivas de forma nativa.
- Enlace de seguridad 24/7. Disposición de un canal permanente con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para preservar evidencia digital y alertar ante amenazas inminentes contra la vida.
La jefa del Ejecutivo aclaró que, en esta primera etapa, el decreto no contempla un esquema punitivo o de sanciones económicas directas, apostando por un modelo de autorregulación guiada. No obstante, lanzó una advertencia clara para las tecnológicas que decidan ignorar el mandato.
