El gigante estadounidense Google recibió el lunes una multa de 403 millones de euros, equivalentes a 462 millones de dólares, por parte del regulador de protección de datos irlandés, que actúa en nombre de la Unión Europea.
Este organismo acusó a Google de vulnerar las reglas europeas sobre el uso de los datos de geolocalización de sus usuarios entre mayo de 2018 y febrero de 2020.
Es la cuarta multa más elevada impuesta por la Comisión Irlandesa para la Protección de Datos (DPC), encargada de supervisar a nivel europeo el funcionamiento de Google, cuya sede continental está en Dublín.
El gigante tecnológico infringió el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, según declaró en un comunicado la DPC, encargada de aplicar las normas del bloque sobre esta materia.
En su decisión final tras abrir una investigación en febrero de 2020, la DPC dictaminó que Google infringió el RGPD “en lo que respecta a la legalidad y la equidad del tratamiento de los datos de ubicación en la actividad web y de las aplicaciones, así como en el historial de ubicaciones”.
El subcomisionado de la DPC, Graham Doyle, afirmó que “como consecuencia de los fallos de Google… es posible que algunas personas desconocieran que su ubicación se estaba utilizando, por ejemplo, para influir en ellas con anuncios o para inferir sus intereses”.
Añadió que “la retención de los datos de ubicación de los usuarios durante más tiempo del necesario agravó esta pérdida de control”.
Además de la multa, el organismo regulador declaró que había “ordenado a Google que adaptara sus procesos a la normativa en un plazo de seis meses”.
En respuesta, Google afirmó que “el caso gira en torno a políticas históricas que posteriormente se actualizaron”.
“A partir de 2019, hemos evolucionado significativamente nuestras prácticas y lanzado herramientas robustas que simplifican la gestión de los datos de ubicación”, añadió la empresa en un comunicado.
Doyle insistió en que el RGPD proporciona un alto nivel de protección de los datos personales en todo el Espacio Económico Europeo (EEE) y exige que el tratamiento de los datos personales se lleve a cabo de manera lícita, justa y transparente.
