El Universal
Ures, Sonora. – En la plaza de Ures nadie habla de la contaminación del río como un asunto del pasado. Hablan de ella como una amenaza que sigue presente, aunque ya no se vea.
Bajo la sombra de las ceibas, los vecinos repiten una frase que resume el sentimiento de la región: “El agua ya no da confianza”.
“Nosotros ya no tomamos agua de la llave. Pura agua purificada”, dice Ricardo Reyes mientras observa el movimiento frente al kiosco. A su alrededor, otros habitantes asienten. La conversación vuelve una y otra vez a las enfermedades, las promesas incumplidas y la sensación de que el tiempo pasó sin que llegara la reparación prometida.
El 6 de agosto del 2014, de una pileta de la mina Buenavista del Cobre propiedad de Grupo México, se vertieron a los cauces de los ríos Bacanuchi y Sonora, más de 40 millones de litros de acidulados de cobre y otros metales venenosos como cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo, cuyos niveles fueron determinados por las autoridades, fuera de las normas ecológicas.
Atravesaron desde Cananea, los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Baviácora, Aconchi y Ures, hasta llegar a la zona rural de Hermosillo.
Los tóxicos recorrieron 17.6 kilómetros del arroyo Las Tinajas, 64 kilómetros del Río Bacanuchi y 190 kilómetros del Río Sonora, y se contuvieron en la Presa El Molinito que abastece de agua potable a miles de hermosillenses.
El derrame afectó a más de 22 mil habitantes, además de provocar pérdidas económicas en actividades agrícolas, ganaderas y comerciales.
Doce años después, el debate ya no gira en torno al accidente, sino a sus consecuencias. El color rojizo desapareció, pero no la incertidumbre. En Banámichi los habitantes aseguran que hubo dos plantas potabilizadoras y que nadie sabe dónde quedaron; en Huépac, una de ellas permanece arrumbada en un patio del ayuntamiento, oxidándose junto con las promesas oficiales.
Las preocupaciones tampoco se limitan al agua. También alcanzan al sistema de salud.
“El hospital hace mucha falta. Hay gente que tiene que viajar hasta Hermosillo para atenderse”, comenta Manuel López al señalar el sitio donde permaneció inconclusa la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), anunciada tras el derrame para dar seguimiento médico a la población expuesta a contaminantes.
“Nomás prometieron. Ahí quedó todo”, afirma.
EL UNIVERSAL constató que trabajadores desmontan el área donde las autoridades colocaron la primera piedra de un nuevo hospital para la región.
Los habitantes insisten en la necesidad de estudios de laboratorio periódicos para conocer su estado de salud.
En septiembre de 2023, la Semarnat concluyó que las acciones de remediación emprendidas tras el derrame fueron insuficientes y que persisten afectaciones en agua, sedimentos, flora y fauna.
Para los pobladores, ese diagnóstico solo confirmó lo que llevan más de una década denunciando.
“La contaminación quedó para siempre. Lo que queremos es que dejen de venir a prometer y empiecen a resolver”, dice Roberto Alonso, vecino de Huépac.
La inconformidad también alcanza al fideicomiso creado por Grupo México para atender la emergencia.
El fondo, por 2 mil millones de pesos, fue extinguido en 2017 después de ejercer poco más del 60% de los recursos comprometidos, dejando proyectos inconclusos y demandas sin atender.
En diciembre de 2025, el Gobierno federal presentó el Plan de Justicia para el Río Sonora, basado en tres ejes: salud, acceso al agua potable y remediación ambiental.
El proyecto contempla la construcción del Hospital Regional de Ures, con atención toxicológica y laboratorio para análisis de metales pesados, además de 16 plantas potabilizadoras y monitoreo permanente de la calidad del agua.
La noticia fue recibida con cautela. “La gente ya no quiere discursos. Quiere resultados”, resume Rafael Valdez en la plaza de Banámichi.
Antonio Romo Paz, integrante del Comité de Cuencas del Río Sonora y ex académico de la Universidad de Sonora, advierte que el problema no es solo la contaminación, sino la falta de coordinación institucional.
“Los metales pesados no desaparecen. Una parte se va a los sedimentos, otra a los mantos acuíferos y otra entra al organismo. No es un problema de tres años; requiere monitoreo de 20 o 30 años”, señala.
También alerta que las lluvias intensas pueden movilizar nuevamente los metales y elevar su concentración en ciertos periodos.
“Puede haber pozos que estuvieron limpios varios años y luego vuelvan a presentar metales. Por eso se necesita vigilancia permanente”, explica.
Para el especialista, la solución no es únicamente construir un hospital.
“Necesitamos un programa integral de salud ambiental. La salud de las personas depende de la salud del medio ambiente”, afirma.
Los Comités de Cuenca sostienen que las soluciones siguen llegando demasiado tarde y que las comunidades continúan expuestas a riesgos derivados de la contaminación.
Además, cuestionan la falta de transparencia sobre convenios, presupuestos y responsabilidades relacionadas con el nuevo hospital y con la atención a la población afectada.
Otro tema que califican como preocupante es el extravío de expedientes clínicos de las primeras personas atendidas tras el derrame, así como la falta de información sobre el seguimiento médico que recibirán quienes requieren atención especializada.
Doce años después, la contaminación visible desapareció. La invisible sigue presente en los estudios científicos, en los litigios y, sobre todo, en la memoria de quienes continúan viviendo junto al río.
Este 5 de agosto el Gobierno de México y el Gobierno de Sonora dieron inicio a la construcción del Hospital Regional del Río Sonora en el municipio de Ures, una de las obras consideradas centrales dentro del Plan de Justicia para las comunidades afectadas por la contaminación registrada en 2014.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño señaló que el arranque de la obra representa una respuesta a una demanda histórica de las familias de la región, quienes durante más de una década han solicitado atención médica especializada, seguimiento toxicológico y acciones permanentes de remediación ambiental.
En el marco del aniversario del derrame, representantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora reconocieron que el inicio de la construcción constituye un avance en la lucha emprendida por las comunidades afectadas, no obstante reprocharon que exista una impunidad crónica de Grupo México.
Doce años después del derrame que marcó a toda una generación de habitantes de la cuenca, las comunidades vuelven a escuchar una promesa de atención médica especializada.
La diferencia, señalan pobladores y representantes sociales, es que esta vez exigen resultados y no otro monumento al abandono.
El hospital anunciado tras la tragedia ambiental nunca se concluyó y quedó como símbolo de una deuda histórica del Estado con miles de personas expuestas a la contaminación.
Por ello, el inicio de esta nueva obra no borra una década de incumplimientos, retrasos y desconfianza; será hasta que el hospital esté terminado, equipado y funcionando cuando las familias del Río Sonora puedan hablar realmente de justicia y no solo de una nueva promesa gubernamental.
Señalaron que, además de la atención médica, mantienen la exigencia de que continúen las acciones de remediación ambiental, monitoreo del agua y reparación integral de los daños ocasionados por la contaminación de la mina Buenavista del Cobre.
