No presentaron la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la autoridad competente
BOLETÍN
En atención a denuncias ciudadanas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó dos visitas de inspección en predios del estado de Sonora, en los que detectó actividades de extracción de oro sin la autorización en materia de impacto ambiental requerida por la legislación vigente. Como resultado de ambas diligencias, la Procuraduría impuso la clausura temporal total de los sitios inspeccionados.
La primera acción se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa RM Esperanza de México, donde los inspectores constataron que se realizaban actividades de extracción de oro sin autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Esta autorización es indispensable para identificar, prevenir y mitigar los posibles efectos que un proyecto minero puede generar sobre los ecosistemas, el suelo, el agua y la biodiversidad. Como medida de seguridad, la Profepa impuso la clausura temporal total de las actividades para prevenir daños al medio ambiente y garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental.
La segunda acción tuvo lugar en el Rancho Las Golondrinas, ubicado en el municipio de Cucurpe, Sonora, donde personal de la Profepa atendió una denuncia ciudadana por posibles afectaciones al medio ambiente. Durante la inspección se identificó que en el sitio también se realizaban actividades de extracción de oro sin que los responsables acreditaran contar con la autorización en materia de impacto ambiental requerida para el desarrollo de este tipo de obras y actividades. Ante estas irregularidades, la Procuraduría determinó imponer la clausura temporal total del sitio como medida de seguridad, con el propósito de evitar la continuidad de actividades que pudieran generar impactos al entorno natural mientras se determina la situación jurídica correspondiente.
La Profepa dará seguimiento a los procedimientos administrativos correspondientes para determinar las responsabilidades que, en su caso, procedan. Asimismo, refrenda su compromiso con la atención oportuna de las denuncias ciudadanas y con la vigilancia del cumplimiento de la legislación ambiental para proteger los recursos naturales del país.
