Un informe hecho por la Secretaría de Salud en 2025 reveló que el estado de Sonora está en la octava posición de violencia escolar entre alumnos de educación básica hasta media superior.
ANIMAL POLÍTICO
Al menos 54 casos de algún tipo de violencia sufrieron alumnos de distintas edades de educación básica y media superior durante el 2025 en Sonora, de acuerdo con información del Registro de Lesiones de la Secretaría de Salud.
En dicho informe se especificó que el año pasado 48 menores de edad sufrieron de violencia física en el interior de las escuelas, cuatro fueron violencia sexual y dos casos más fueron agresiones psicológicas. Sonora ocupa las posiciones 8, 21 y 11 a nivel nacional en la incidencia de estos casos, respectivamente. Mientras tanto, el Estado de México, Guanajuato y Veracruz se sitúan en los tres primeros lugares de la lista.
La problemática del acoso escolar en Sonora volvió a ponerse sobre la mesa ante el reciente caso de una menor, quien fue blanco de un video plagado de mensajes de odio, burlas y actos discriminatorios perpetrados por sus excompañeros, en el municipio de Puerto Peñasco.
En entrevista para Proyecto Puente, la madre indicó que un niño fue quien grabó el video y posteriormente se comunicó con ella para preguntarle si ya lo había visto. Por estos hechos decidió interponer una denuncia para que se investigue a los responsables y evitar que el material continúe circulando.
Ante este panorama, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, informó que el acoso escolar no puede analizarse como un evento aislado, sino como parte de un marco de violencia institucional, ya que la comunidad educativa, que incluye estudiantes, maestros, autoridades y familias, juega un rol determinante en la dinámica de las agresiones.
Las autoridades educativas tienen la responsabilidad legal de prevenir, atender y sancionar el acoso para garantizar la integridad de los menores. Si bien docentes y familias son corresponsables en la socialización, la ley establece directrices claras para quienes ejercen la función pública en los planteles.
“Es el legítimo derecho de las familias de poder proteger a sus hijos e hijas del acoso. Lo que tenemos que tratar de ayudarles es que hay responsabilidades, como lo comenté, diferenciadas. Por un lado, las autoridades educativas, que son las responsables, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejaron claro que las autoridades educativas son las responsables de la integridad de niños, niñas y adolescentes en sus establecimientos escolares, no importa si son públicas, privadas, lo que sea. Segundo, la Ley General de Educación establece entre las obligaciones de las autoridades la prevención y la atención del acoso escolar”.
El especialista indicó que el entorno nacional complica esta labor debido a la crisis de seguridad generalizada, violencia comunitaria que es trasladada a las aulas, donde la mayoría de los agresores identificados son hombres.
Los motivos principales suelen estar ligados a la apariencia física, preferencias sexuales, condición económica o discapacidad, elementos que son utilizados para establecer jerarquías de poder y dominio.
“Los niños, adolescentes y hombres jóvenes están reproduciendo el machismo que aprenden en su contexto familiar, comunitario y en la propia escuela y, en la gran mayoría de los casos, se están validando. Están buscando demostrar que sí son hombres, que sí tienen poder, que sí dominan y que otros niños o niñas les tienen miedo. Esta lógica de validación machista tiene mucho más peso y eficacia que cualquier regaño, sanción o llamada de atención que pueda ser el mundo adulto”.
Pérez García aseveró que el problema se agudiza con la tecnología, pues el acoso digital ha extendido el impacto de estas agresiones más allá de las paredes del aula, otorgándoles una capacidad de viralidad que incrementa el daño psicológico, como lo fue en este último caso en Puerto Peñasco.
Asimismo, dijo que las familias y escuelas deben evitar centrarse solo en castigar, ya que quienes acosan suelen sufrir violencia en sus propios hogares, por lo que necesitan apoyo y guía en lugar de ser simplemente excluidos.
Por su parte, Proyecto Puente consultó anteriormente a la psicóloga Yolanda Ramírez, cuya opinión coincide con lo señalado por Pérez en que muchos niños y adolescentes que acuden a terapia lo hacen por desenvolverse en entornos adversos, tanto en el ámbito familiar como educativo.
Además, señaló que suele registrarse un incremento en las atenciones psicológicas al inicio de cada ciclo escolar, debido a factores como la llegada de nuevos compañeros, cambios de entorno y la adaptación a lo desconocido.
Con la salida de estos datos, se espera que las instituciones educativas empiecen a organizar estrategias para prevenir y evitar que estos casos de violencia escolar incrementen.
