EDITH GOMEZ/LVP
Hermosillo,Sonora.– Trabajadores de Industrias Peñoles en Coahuila y Sonora han denunciado la presunta falta de reparto de utilidades, una problemática que, aseguran, se ha repetido de manera constante en los últimos años.
Las inconformidades surgieron recientemente a través de publicaciones en redes sociales, donde empleados de plantas identificadas como 64/74 señalan que, pese a la actividad productiva de la empresa, las utilidades reportadas aparecen en ceros, lo que ha generado dudas sobre el cumplimiento de este derecho laboral establecido en la ley.
A esta situación se suma un creciente cuestionamiento hacia la representación sindical encabezada por Carlos Pavón Campos. Algunos trabajadores acusan que el sindicato no ha defendido de manera efectiva sus intereses e incluso sugieren una posible cercanía con la empresa, lo que ha incrementado la desconfianza entre la base laboral. Hasta el momento, ni la compañía ni la dirigencia sindical han emitido una postura oficial al respecto.
Conflictos acumulados (2023–2026)
El caso actual se enmarca en una serie de conflictos laborales que han marcado la relación entre Industrias Peñoles, sus trabajadores y distintas organizaciones sindicales en los últimos años. Estas tensiones, registradas en estados como Sonora, Coahuila, Durango y el Estado de México, han girado principalmente en torno al reparto de utilidades, la representación sindical y el respeto a los derechos laborales.
Desde abril de 2023, trabajadores de la mina La Herradura, en Sonora, iniciaron protestas para exigir el pago del 10% de utilidades. Meses después, en junio del mismo año, más de 200 empleados fueron despedidos presuntamente por apoyar movimientos sindicales independientes, lo que generó señalamientos sobre posibles violaciones a la libertad sindical.
En 2024, el conflicto escaló al plano internacional cuando el gobierno de Estados Unidos solicitó revisar las condiciones laborales de la empresa en el marco del T-MEC, ante posibles irregularidades en materia de libre asociación y negociación colectiva.
Ese mismo año, en agosto, estalló una huelga en la mina Tizapa, la cual se prolongó por más de nueve meses y concluyó en junio de 2025 con un fallo favorable para los trabajadores. Un tribunal laboral ordenó el pago de salarios caídos y la reparación de violaciones al contrato colectivo, marcando un precedente relevante en la defensa legal de los derechos laborales.
Ganancias récord y persistente inconformidad
Pese a este contexto, en marzo de 2026 la empresa reportó un incremento del 479% en sus ganancias correspondientes al cierre de 2025, impulsado por el alza en los precios de los metales. Sin embargo, este crecimiento financiero contrasta con la percepción de los trabajadores, quienes continúan denunciando la falta de reparto equitativo de utilidades.
La ausencia de información financiera clara y accesible ha profundizado la desconfianza, alimentando la percepción de que los beneficios económicos no se reflejan en las prestaciones laborales.
En conjunto, los distintos episodios evidencian un patrón de conflictos recurrentes dentro de la empresa: disputas por utilidades, cuestionamientos a la legitimidad sindical y denuncias por posibles violaciones a derechos laborales.
Especialistas advierten que la resolución de estas tensiones dependerá de varios factores clave, entre ellos la transparencia en la información financiera, la credibilidad de la representación sindical y la intervención efectiva de las autoridades laborales.
De no atenderse de fondo, el conflicto podría intensificarse en los próximos meses, particularmente ante el actual periodo de pago de utilidades, generando mayores repercusiones tanto en el ámbito social como en el económico dentro del sector minero mexicano.
