Gobierno no ha justificado la entrega de miles de prendas por casi 13.4 mdp; hay otras cuentas pendientes por 25 mdp
Alan Gallegos / LA RAZON
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal por un monto de 13 millones 391 mil 132 pesos por la compra y la falta de la documentación de entrega de conjuntos de uniformes y gorras que realizaron la Fiscalía General del Estado de Sonora y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado.
Durante el proceso de fiscalización sobre el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que realizó la ASF al Gobierno de Sonora, se detectó que mediante los contratos FGJE/FASP/015/2024 y SSP-ADQ-023/2024, financiados con recursos federales del FASP 2024 por 6 millones 485 mil 510 pesos y 6 millones 905 mil 622 pesos, respectivamente, que totalizan 13 millones 391 mil 132 pesos, no se proporcionó evidencia documental que acreditara la entrega de los conjuntos de uniformes y gorras.
- El Dato: LA TASA de víctimas de desaparición en México es de 10 por cada 100 mil habitantes y en el estado de Sonora dicho indicador se ubica en 28 víctimas por cada 100 mil.
Los conjuntos de uniformes y gorras que aparentemente no fueron entregados a las corporaciones de seguridad para su uso son: 800 botas tácticas, 2 mil 400 pantalones tácticos, 800 chamarras tácticas, 800 camisas, 200 gorras y mil 600 pares de botas.
MANTENIMIENTO EN DUDA. Aunado a la presunta falta de entrega de uniformes, durante el ejercicio fiscal correspondiente al año 2024, las corporaciones de seguridad y de procuración de justicia de Sonora tuvieron otras observaciones y montos pendientes por aclarar, como el destino de 9 millones 083 mil 589 pesos por la falta de la documentación que compruebe el gasto de la adquisición de 16 pólizas de mantenimiento de cobertura estándar para diferentes equipos.
Dicha compra corresponde al contrato número FGJE/FASP/019/2024. La Fiscalía de Sonora no acreditó que el proveedor efectuara la totalidad de los servicios contratados, toda vez que los reportes de mantenimiento presentados no corresponden con los servicios establecidos en el anexo del contrato ni detallan de manera pormenorizada las actividades realizadas.
Además, dicho expediente carece de evidencia documental que respalde la prestación y aceptación de los servicios, como reportes fotográficos, registros o bitácoras firmadas por el personal responsable de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, por lo que no se acreditó de manera fehaciente la ejecución.
TAMBIÉN CON SUSTANCIAS. También hay un probable daño a la hacienda pública federal por un monto de 15 millones 951 mil 976 pesos por la falta de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto que acredite el manejo, control, resguardo, uso y aplicación de productos químicos adquiridos por la Fiscalía de Sonora, al amparo del contrato número FGJE/FASP/006/2024.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no definió claramente el tipo y las especificaciones técnicas de los productos químicos en el contrato FGJE/FASP/006/2024 que permitieran identificar que éstos correspondieran con los pagados y presentados en las facturas y reportes fotográficos, por lo que no se cumplieron los objetivos del FASP 2024.
- 38.4 millones de pesos observados en los recursos del FASP
De acuerdo con la ASF, el estado de Sonora cumplió parcialmente con los objetivos del FASP 2024, ya que en la muestra revisada se observó que, al 31 de diciembre de 2024, el estado no había comprometido ni devengado el 1.3 por ciento —4 millones 303 mil 600 pesos—; tampoco pagado el 5.9 por ciento —18 millones 906 mil 200 pesos— y, al 31 de marzo de 2025, aún no pagaba el 1.3 por ciento —4 millones 303 mil 600 pesos—, porcentajes que corresponden a los recursos no comprometidos ni devengados al 31 de diciembre de 2024 que se reintegraron a la Tesorería de la Federación.
También se observó que, en 2024, la entidad tenía mil 665 elementos policiales pertenecientes a la SSPC; es decir, una tasa de 0.6 policías por cada mil habitantes, indicador que se encuentra muy por debajo de lo solicitado de 1.8 policías por cada mil habitantes, que es el estado de fuerza mínimo reconocido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
- El Tip: EN DICIEMBRE pasado, el Congreso de Sonora aprobó la nueva Ley de Seguridad Pública, cuya finalidad es armonizar el marco estatal con la legislación federal.
Además, se verificó la compra de armas cortas y largas y cartuchos en la entidad, realizada con la Secretaría de la Defensa Nacional; a la fecha de la auditoría, la entrega, uso y operación de éstas se encontraba en proceso.
En 2024, la entidad reportó una sobrepoblación en los centros penitenciarios de 45.3 por ciento respecto de su capacidad.
Además, de acuerdo con el Gobierno de Sonora, en 2024 los índices delictivos del estado presentaron variaciones a la baja con respecto a 2023 en delitos como homicidios dolosos, con el 0.4 por ciento de reducción.
Sin embargo, de acuerdo con la organización Causa en Común, un factor que contribuye a la subestimación de los datos de homicidio doloso son las desapariciones, entre cuyos registros existe un número indeterminado de asesinatos.
En el bagaje estadístico en el rubro de seguridad, el estado de Sonora es una de las 12 entidades que supera la tasa nacional de víctimas de desaparición por cada 100 mil habitantes.
La tasa nacional de víctimas de desaparición es de 10 por cada 100 mil habitantes y en el estado de Sonora la tasa se ubica en 28 víctimas por cada 100 mil.
En conclusión, en el ejercicio de los recursos para seguridad, el Gobierno del Estado de Sonora infringió la normativa del FASP, principalmente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal y el Convenio de Coordinación, lo que generó un probable daño a la hacienda pública federal por un importe de 38 millones 426 mil 700 pesos, los cuales representan el 16.7 por ciento de la muestra auditada por el ente fiscalizador de la federación en la Cuenta Pública 2024.
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que la información reportada por el Gobierno del Estado de Sonora a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el formato “ejercicio del gasto” difiere del monto reflejado en los registros contables y presupuestarios al cuarto trimestre de 2024.
