EL SOL DE HERMOSILLO._
El Observatorio Sonora por la Seguridad hizo un llamado a transparentar y actualizar el Registro Estatal de Tortura.
Aunque Sonora cuenta con la primera oficina donde se aplica el Protocolo de Estambul de las Naciones Unidas para investigar casos de tortura, para el Observatorio Sonora por la Seguridad es necesario que se brinde más atención a víctimas de estos delitos.
De acuerdo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hasta el 2024 se habían registrado 83 expedientes dictaminados para instancias tanto de la localidad como de otras entidades de la República.
En el Día Internacional de Atención a Víctimas de Tortura, que se conmemora cada 26 de junio, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Krimilda Bernal Hoyos, directora del Observatorio, indicó que esta situación es una práctica generalizada en México.
Por su parte, expuso que datos presentados en el informe “Hallazgos 2022” del Observatorio contra la tortura, en el periodo entre abril de 2018 y julio de 2022, el estado tuvo registrados 99 expedientes federales relacionados con tortura, de los cuales 90 fueron por tortura y 9 por tratos crueles.
Además, se presentaron 13 quejas por tortura ante organismos públicos como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), sin que se identificara autoridad responsable, y no se emitió ninguna recomendación por parte de dichas instituciones de acuerdo con solicitudes de acceso a la información.
El informe también revela que, de 15 peritajes médicos y psicológicos realizados en Sonora, en 11 se encontró una correlación directa entre los testimonios de tortura y los hallazgos clínicos.
Por tal motivo, el Observatorio Sonora por la Seguridad hace un llamado de la necesidad de transparentar y actualizar el Registro Estatal de Tortura, crear unidades de investigación especializadas y garantizar peritajes independientes.
También solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) active mecanismos de investigación, a fin de que tenga mayor visibilidad y puedan judicializarse.
Bernal Hoyos añadió que, no basta con contar con un marco legal como la Ley General contra la Tortura, ya que, sin voluntad política, recursos técnicos ni coordinación institucional, las leyes se quedan en papel.
