Tomado de Aristegui noticias
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora publicó la Recomendación 50 (14/2024) sobre el “Caso Paula Josette“, dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, por la ejecución extrajudicial de la joven, en enero pasado en el penal de Hermosillo.
Según la CEDH, la recomendación fue aceptada por la instancia “y actualmente se supervisa su cumplimiento.”
Según la CEDH, los hechos representaron “una vulneración grave al derecho a la vida, a la integridad y a la seguridad personal de la víctima, así como una violación al acceso a la justicia para sus familiares.”
En el documento de la recomendación destacó que “las autoridades estatales deben reconocer su responsabilidad en los hechos ocurridos y tomar medidas para reparar el daño causado a la familia de la víctima”.
Como una de las acciones clave de la reparación, la Comisión también solicitó una disculpa pública para las y los familiares de Paula.
Esta debe ser realizada por las autoridades implicadas en el caso, es decir, por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora.
Según el documento, la disculpa debe reconocer tanto la gravedad de lo sucedido como el impacto emocional y social que este tipo de hechos tiene en la comunidad.
Además, la recomendación establece la necesidad de brindar atención psicológica especializada y gratuita a los familiares afectados, quienes, de acuerdo con la CEDH, han experimentado un profundo sufrimiento a raíz de estos eventos.
Pidió que las y los familiares se inscriban en el Registro Estatal de Víctimas, lo cual les permitiría recibir medidas de ayuda y asistencia.
La Comisión resaltó que “el apoyo psicológico es una parte fundamental de la reparación integral del daño, permitiendo a los familiares iniciar un proceso de sanación en medio de la pérdida”.
Asimismo, la CEDH instó a las autoridades a crear un protocolo de actuación en operaciones de seguridad, con el fin de evitar el uso excesivo de la fuerza y asegurar el respeto a los derechos humanos en intervenciones policiales.
La recomendación subraya que “las fuerzas de seguridad deben actuar bajo un marco de respeto a los derechos fundamentales y con apego a los principios de legalidad y proporcionalidad”.
