En el marco del Día Internacional del Hombre, integrantes del colectivo “Soy Papá, No Criminal” se manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Sonora, para denunciar presuntas prácticas de discriminación y falta de imparcialidad en procesos judiciales que involucran a padres de familia.
EL UNIVERSAL
Los manifestantes señalaron que algunos hombres enfrentan procesos legales derivados de conflictos familiares, principalmente después de separaciones o divorcios, en los que, aseguran, se presentan denuncias de violencia familiar y delitos sexuales que pueden derivar en restricciones para convivir con sus hijos.
Fernando Romero Ramos, representante estatal de la agrupación, y Ubaldo Valenzuela, vocero del colectivo, cuestionaron la actuación de autoridades judiciales y ministeriales, particularmente el uso de evaluaciones psicológicas que, sostienen, no siempre cuentan con elementos científicos suficientes para acreditar los hechos denunciados.
Valenzuela afirmó que algunos integrantes han enfrentado detenciones y procesos penales, mientras otros atraviesan dificultades económicas y emocionales por los litigios.
Como ejemplo, mencionó que uno de los miembros permaneció un año en prisión, mientras que él estuvo detenido durante 22 días.
El representante también acusó que, en determinados casos, los dictámenes de los Centros de Atención a Víctimas del Delito (CEAV) se utilizan para respaldar denuncias sin que, desde su perspectiva, exista una comprobación suficiente de los hechos.
En el marco del Día Internacional del Hombre, integrantes del colectivo “Soy Papá, No Criminal” se manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Sonora. (19/11/26) Foto: Amalia Escobar.
El colectivo sostuvo que el problema no se limita a los padres, sino que también puede afectar a abuelos, tíos y otros familiares que pierden contacto con menores de edad durante las disputas legales.
Los integrantes aseguraron que la agrupación reúne entre 100 y 120 personas en Sonora, aunque varios de sus miembros no pudieron acudir a la manifestación por compromisos laborales o porque enfrentan situaciones personales relacionadas con sus procesos judiciales.
Durante la protesta, insistieron en que no buscan desconocer la violencia contra las mujeres ni minimizar los delitos sexuales, sino que las autoridades investiguen cada denuncia con objetividad y sin prejuicios de género.
También cuestionaron la existencia de agencias especializadas en la atención de mujeres cuando, desde su perspectiva, sus actuaciones deben garantizar el mismo principio de imparcialidad para todas las partes.
Como parte de sus demandas, entregaron una solicitud de audiencia al gobernador Alfonso Durazo Montaño, con el propósito de exponer sus planteamientos y solicitar su intervención.
Los representantes señalaron que previamente han buscado respuestas en los poderes Legislativo y Judicial, sin obtener, afirmaron, una solución a sus planteamientos.
La agrupación pidió que la perspectiva de género no se aplique de manera sesgada en el ámbito legal y que se garantice el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de niñas y niños a mantener vínculos familiares, siempre bajo el principio de su interés superior.
