Comunidades afectadas por el desastre del Río Sonora denuncian “simulación” de Sheinbaum

Nacional

Los Comités de Cuenca de Río Sonora (CCRS) denunciaron la respuesta del gobierno al derrame de desechos tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi como una “simulación” y condenaron su exclusión de la planificación de la reparación. En su pronunciamiento, critican las contradicciones en las declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre el acuerdo con Grupo México.

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En junio, el gobierno anunció que construiría un hospital tras firmar un acuerdo con Grupo México, que le obliga a pagar mil 500 millones de pesos por ser el responsable directo del mayor desastre ambiental de la minería en la historia de México.

Sin embargo en octubre, la SEMARNAT y PROFEPA aprobaron resoluciones para cerrar los programas de remediación. En respuesta, un juez federal ordenó a ellos anularlas estos cierres. Declaró su inconstitucionalidad por excluir a las comunidades de los mecanismos de reparación. La decisión de las autoridades reduce “la intervención comunitaria a un acto meramente formal”, sentencia el juez.

Para los CCRS, el fallo “confirma que el Estado mexicano ha sustituido la reparación efectiva de los daños por un simulacro burocrático, mientras en la cuenca persisten la contaminación hídrica, la exposición crónica a metales pesados y el riesgo sanitario para la población”.

También denuncian el pronunciamiento reciente de Claudia Sheinbaum, en el que clarificó que el plan de justicia con Grupo México, que la empresa tiene que firmar por ley, todavía no ha sido firmado. Adicionalmente, critican la suma. Los mil 500 millones de pesos “solo representa el 7.5% de los 20 mil millones de pesos en los que el propio Estado cuantificó el daño ambiental”.

Ante las solicitudes sobre más información sobre el convenio económico, la Secretaría de Gobernación negó la existencia de un acuerdo como registro oficial. En respuesta, los CCRS exigen la entrega pública e inmediata del texto íntegro del convenio con todos sus anexos técnicos y financieros y el cese de la política de opacidad institucional que revictimiza a las comunidades.

Las comunidades luchan desde 2014, cuando una mina operada por Grupo México derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el río Sonora, causando problemas de salud en miles de personas.

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