Ante la investigación sobre presunta corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE), el Gobierno de México presentó este jueves cómo operó la red de los hermanos Hernández Casillas para obtener contratos millonarios para la creación de material electoral.
N+
Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, dio a conocer durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que se trata de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
Reveló que ellos fueron parte del Gobierno federal en la administración de Carlos Salinas de Gortari. Primero laboraron en el Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo) y después en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
Años después constituyeron y diversificaron empresas y entre 2012 y 2013 adquirieron contratos con órganos electorales locales en estados como Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo.
Tras la reforma electoral de 2014 y debido a omisiones de supervisión y lineamientos claros de contratación, de 2015 a 2023, 22 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) asignaron contratos por 2 mil 094 millones de pesos a los hermanos Hernández Casillas como proveedores electorales, indicó Buenrostro.
Entre 2024 y 2025, añadió, la misma red empresarial obtuvo contratos por 646.3 millones de pesos con 15 de los 32 OPLEs.
De acuerdo con la funcionaria, las empresas vinculadas a los hermanos son: Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas, tres de las cuales cuentan con denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR).
Al presentar cómo es la organización de esas empresas, mostró que en ellas participan socios, representantes y apoderados, así como familiares de los Hernández Casillas, como hermanos, hijos y esposas.
La secretaria Anticorrupción además explicó cómo es el modus operandi; informó que según las investigaciones, esas compañías funcionan como empresas fachada y son las que obtienen los contratos con el INE y las autoridades públicas.
Primero, enumeró, usan la red de empresas fachada para simular competencia en licitaciones públicas; tienen vínculos de proveedores con servidores públicos; luego obtienen contratos las empresas pero sin tener capacidad operativa, sin infraestructura ni empleados en la nómina.
Además, para ocultar el beneficiario final, usan sujetos vulnerables como señoras de 96 años o jóvenes de 18 años, como prestanombres o bajo robo de identidad.
Buenrostro apuntó que es el comportamiento que tienen las empresas que muestran lavado de dinero y las empresas factureras.
Ante ello, comentó que las acciones que se deben realizar implican a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para identificar irregularidades en la asignación y administración de contratos públicos; la Secretaría de Hacienda para investigar posibles redes de lavado de dinero, operaciones con empresas factureras y movimientos financieros irregulares.
Así como la FGR para indagar probables delitos y proceder penalmente contra quien resulte responsable, y la Secretaría de Anticorrupción, para prevenir esquemas de corrupción para que no se repliquen en la administración pública federal.
Sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que esa red no nació hace dos años, sino por lo menos hace 27 años.
Comentó que los hermanos Hernández Casillas son quienes salen como los principales agrupadores o personas que han constituido todo el grupo de empresas que se vinculan con las contrataciones electorales.
“Resulta que los hermanos Hernández Casillas trabajaron en el Gobierno federal en la época de Carlos Salinas de Gortari, primero en Renapo y luego en el CISEN; ¿quién es su contacto directo?, ¿quién los trae al gobierno en aquella época? Una persona que se llama Juan Carlos Padilla Aguilar, que fue director de Renapo y después secretario general del CISEN”, manifestó.
La mandataria nacional añadió que “este cochinero, esta mafia electoral, no surgió con Guadalupe Taddei (expresidenta del INE) —y nadie defiende si realizó un acto ilegal, tiene que verlo la Auditoría Superior y la Fiscalía, de ella y de quien haya participado en la estructura del INE— pero no nació ahí, tiene muchos años”, agregó.
Por otra parte, comentó que al momento no se ha encontrado que pudieran pertenecer a un grupo delictivo, y que lo que se está trabajando a través del SAT y la UIF son investigaciones sobre presuntas acciones de lavado de dinero, que “no quiere decir que sea de la delincuencia organizada, sino recursos de contratos que a su vez son de manera ilegal puestos en contras cuentas”.
Finalmente, consideró que para dar certeza a la elección en 2027, el actual consejo electoral tiene que establecer transparencia en las contrataciones, lineamientos claros de contratación, tanto para el INE como para los Organismos Públicos Electorales de las entidades de la República para garantizar que se hagan con transparencia.
