Pueblo yaqui cuestiona ingreso de funcionarios a Loma de Guamúchil; exige respeto a sus autoridades tradicionales

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Representantes de Loma de Guamúchil encararon a los funcionarios y señalaron que, conforme a sus usos y costumbres, antes de ingresar a su territorio debió solicitarse autorización

EL UNIVERSAL

Hermosillo, Sonora. – El recorrido de funcionarios federales por las obras del Distrito de Riego 018 abrió un nuevo frente de tensión en territorio yaqui, donde integrantes de Cócorit-Loma de Guamúchil exigieron respeto a sus autoridades tradicionales y cuestionaron quién autorizó el ingreso gubernamental a su jurisdicción.

La inconformidad trascendió mientras las vías del ferrocarril en Loma de Guamúchil fueron bloqueadas con montículos de tierra, en un escenario marcado por diferencias internas respecto a la representación tradicional.

El punto central del reclamo surgió durante una visita de funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), del Gobierno de Sonora y otras dependencias para revisar las obras hidroagrícolas.

Representantes de Loma de Guamúchil encararon a los funcionarios y señalaron que, conforme a sus usos y costumbres, antes de ingresar a su territorio debió solicitarse autorización a su autoridad tradicional.

“En el recinto se tiene que pedir permiso para poder acceder al territorio yaqui”, reclamó uno de los representantes.

La protesta no fue contra la construcción del sistema de riego. Los propios inconformes reconocieron la importancia de las obras ante las dificultades que atraviesa la actividad agrícola.

El cuestionamiento fue otro: quién representa a la comunidad y quién tiene facultades para autorizar decisiones dentro de su territorio.

Los integrantes de Loma de Guamúchil solicitaron que los funcionarios acudan a su Guardia Tradicional para explicar los proyectos y establecer acuerdos directamente con sus autoridades.

También exigieron no ser excluidos de las acciones del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui.

“El Plan de Justicia debe ser para todos, no para unos cuantos”, manifestaron durante el intercambio.

Conagua sostiene que existía un acuerdo previo. La versión oficial difiere del señalamiento de que se trató simplemente de un ingreso sin acuerdos.

Conagua informó que el recorrido fue parte del seguimiento a los compromisos establecidos el pasado 5 de octubre en Pótam, Segunda Cabecera, durante una reunión encabezada por el director general de la dependencia, Efraín Morales López, con representantes tradicionales yaquis.

La dependencia señaló que la inspección tuvo como finalidad revisar obras complementarias y detectar necesidades antes de completar la transferencia integral del Distrito de Riego 018.

En el recorrido participaron Aarón Mastache Mondragón, subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de Conagua; Rodolfo Castro Valdez, director del Organismo de Cuenca Noroeste; José Ángel Félix Sánchez, gerente de Distritos de Riego, y Timoteo Gómez Aspitia, gerente de Construcción.

Durante el encuentro, representantes gubernamentales sostuvieron que estaban atendiendo una convocatoria de autoridades tradicionales y pidieron permitir que continuara la revisión técnica.

Los inconformes respondieron que la autorización de otras representaciones no sustituye, desde su perspectiva, el consentimiento de la autoridad tradicional de la comunidad donde se desarrollan los trabajos.

El decreto reconoce sus sistemas internos

La controversia adquiere relevancia porque el propio decreto mediante el cual fue establecido el Distrito de Riego 018 reconoce a Cócorit-Loma de Guamúchil como una de las comunidades integrantes del Pueblo Yaqui.

El documento establece además que el distrito debe funcionar atendiendo la especificidad cultural del Pueblo Yaqui, sus formas propias de organización e instituciones comunitarias.

La Comisión Jiaki del Agua, encargada de la administración del recurso para riego, debe contar con autoridades o representantes nombrados por las ocho comunidades conforme a sus normas internas.

De esta manera, el conflicto no gira únicamente alrededor de tuberías, canales o infraestructura hidráulica.

La controversia es un asunto de mayor alcance y sobre qué autoridades son reconocidas para representar a las comunidades yaquis frente al gobierno y cómo deben tomarse las decisiones sobre proyectos desarrollados dentro de su territorio.

Cada uno de los ocho pueblos yaquis tienen por lo menos más de dos gobernadores que se dicen autoridad tradicional.

Mientras los funcionarios defendieron la existencia de acuerdos previos para continuar las obras, representantes de Loma de Guamúchil insistieron en llevar el diálogo hasta su Guardia Tradicional.

“No queremos un conato”, expresó uno de ellos durante la discusión.

La exigencia fue que cualquier negociación futura se realice reconociendo su representación tradicional y evitando que los proyectos del Plan de Justicia profundicen las diferencias existentes al interior de la etnia Yaqui.

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