EXCELSIOR
Durante más de cuatro décadas, Douglas Carter vivió con una sentencia de muerte sobre los hombros. En 1985 fue condenado por el asesinato de Eva Olesen, ocurrido en Provo, Utah. Tenía entonces otra vida por delante. En cambio, pasó los siguientes años en el corredor de la muerte, bajo la amenaza de una ejecución que finalmente nunca ocurrió.
Ahora, a los 71 años, Carter salió de prisión.
No lo hizo porque el caso haya terminado. Todavía enfrenta un cargo de homicidio agravado y deberá afrontar un nuevo juicio. Pero una nueva prueba de ADN abrió una grieta decisiva en una condena que llevaba décadas sosteniendo su destino: el material genético recuperado en la escena del crimen no coincide con el suyo.
Un juez ordenó su liberación bajo fianza mientras espera el nuevo juicio. Para su defensa, el momento representa algo más que un cambio procesal. Es la primera noche en libertad después de 41 años marcados por una condena a muerte.
“El Estado le robó 41 años de su vida y lo sometió a los horrores del corredor de la muerte durante más de 40 años, pero esta noche por fin está en casa”, declaró su abogado, Neal Hamilton. “Es un gran día”.
Condena construida sobre una confesión y dos testigos
El asesinato de Eva Olesen ocurrió en 1985 en Provo. Olesen era tía del entonces jefe de policía de la ciudad. Su esposo la encontró en su domicilio después de regresar de visitar a un amigo. La mujer estaba parcialmente desvestida y había recibido 10 puñaladas y un disparo en la nuca.
La hipótesis de la Fiscalía fue la de un robo que terminó en asesinato.
Carter, que es afroamericano, fue señalado por dos testigos, Epifanio Tovar y su esposa, Lucía. Además, firmó una confesión que se convirtió en una de las piezas centrales del caso.
Pero Carter nunca aceptó esa versión.
Durante décadas sostuvo que era inocente y que la confesión había sido obtenida bajo coacción policial. Su defensa también señaló que personas habían descrito a un hombre blanco en las inmediaciones de la escena del crimen.
En 1985, Carter fue condenado a muerte. Después de que esa condena fuera revisada, volvió a ser sentenciado a la pena capital tras un segundo juicio, en 1992.
Desde entonces, su nombre quedó ligado a una de las situaciones más extremas del sistema penal estadounidense: esperar durante años la posibilidad de una ejecución.
El caso comenzó a cambiar décadas después
La condena no se apoyaba en una prueba física que vinculara directamente a Carter con la escena del crimen.
Uno de los elementos más importantes de la acusación eran las declaraciones de los Tovar. Sin embargo, en 2011 ambos cambiaron sustancialmente su versión.
Dijeron que habían recibido instrucciones para mentir durante el juicio y que la policía había pagado algunas de sus facturas, entre ellas gastos de alquiler, teléfono y otros servicios. También afirmaron que habían sido amenazados con la deportación, al igual que su hijo.
Esas declaraciones se sumaron a las dudas que durante años habían rodeado la condena de Douglas Carter.
El caso llegó nuevamente ante los tribunales de Utah y, en mayo de 2025, la Corte Suprema de Utah ratificó la decisión de conceder a Carter un nuevo juicio.
Los magistrados respaldaron la resolución del juez del Cuarto Distrito Judicial, Derek Pullan, quien había señalado una “conducta intencionalmente indebida” por parte de agentes de policía y de un fiscal.
La decisión no declaró a Carter inocente. Lo que hizo fue abrir nuevamente el proceso judicial y permitir que el caso fuera examinado bajo un nuevo juicio.
La sangre que volvió a poner el caso en movimiento
Fue precisamente ese nuevo proceso judicial el que llevó a analizar nuevamente la evidencia física.
Pullan ordenó que Carter proporcionara una muestra de ADN para compararla con perfiles genéticos desconocidos encontrados en la escena del crimen.
Las muestras procedían, entre otros lugares, de sangre localizada en el pomo de una puerta y en el mango del cuchillo utilizado en el asesinato.
El resultado fue relevante: el ADN no correspondía al de Carter.
La evidencia no identifica por sí misma quién mató a Olesen. Pero sí excluye a Carter como posible fuente de ese material genético.
A partir de ese resultado, la Fiscalía del condado de Utah modificó su posición respecto de la pena de muerte. En una moción citada por Deseret News, los fiscales señalaron que la nueva evidencia constituía motivo suficiente para retirar la notificación mediante la cual el Estado había informado su intención de solicitar nuevamente la pena de muerte.
El cambio no significó el cierre del expediente.
Carter continúa acusado de homicidio agravado mientras la Fiscalía revisa las pruebas disponibles y las circunstancias del caso.
41 años después, una libertad que todavía es provisional
La salida de Carter de prisión tampoco equivale a una absolución.
Su liberación se produjo bajo fianza y mientras espera un nuevo juicio. El proceso judicial, por tanto, continúa abierto.
Pero la escena es muy distinta de aquella que marcó su vida durante décadas.
El hombre que entró al sistema penitenciario bajo una condena a muerte ahora espera su próximo paso judicial fuera de una celda.
Para Neal Hamilton, su abogado, la exclusión genética es solo el principio.
“Doug siempre ha sostenido, durante 41 años Doug ha mantenido firmemente: ‘Yo no hice esto’”, afirmó.
El abogado también cuestionó que el caso contra Carter haya convivido durante décadas con la falta de identificación del responsable del asesinato.
“El estado de Utah no solo le ha arrebatado 41 años de vida, sino que tampoco ha resuelto el asesinato. El asesino sigue libre y, por lo que sabemos, no están haciendo ningún esfuerzo por identificarlo, a pesar de contar con esa sangre”, sostuvo.
Esa última afirmación corresponde a la defensa de Douglas Carter y no equivale a una conclusión judicial sobre quién cometió el asesinato ni sobre las acciones actuales de las autoridades.
