La gobernadora de Baja California señala que su antecesor le recomendó acercarse a intermediarios de las autoridades estadounidenses para arreglar su visa; es ilógico, responde el exmandatario
EL UNIVERSAL
Tijuana.— La gobernadora Marina del Pilar Ávila aseguró este miércoles que el exgobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdez fue quien le propuso acercarse con intermediarios de autoridades estadounidenses que podrían ayudarle a recuperar su visa y con quienes se reunió y conversó para luego convertirse en grabaciones filtradas a la prensa.
“Nunca presentaron un documento y nunca se concretó ninguna reunión. Sólo quisieron grabar una conversación privada y después difundirla con el único interés de afectarme políticamente”, sostuvo la mandataria.
En conferencia de prensa, la gobernadora emitió una postura sobre el contenido de los audios revelados por el columnista de EL UNIVERSAL Héctor de Mauleón, en los que se perfilan negociaciones entre Marina del Pilar Ávila y presuntas autoridades de agencias de seguridad de Estados Unidos.
La mandataria reconoció que el encuentro ocurrió el 15 de diciembre pasado en Tijuana, luego de que el exgobernador la llamara para pedirle que se reuniera con dichos intermediarios. Incluso, aseguró que confió en él pese a que existe una investigación penal en contra de Bonilla y sus diferentes declaraciones, en las que él acusa a la gobernadora de tener vínculos con la delincuencia organizada.
Explicó que dichas conversaciones fueron para tratar asuntos personales que no tenían relación con su gestión de gobierno ni la del Estado mexicano, por lo que no hubo ningún riesgo para la seguridad nacional y su soberanía.
“Jamás he traicionado ni traicionaría a la patria; nunca he entregado ni entregaría información que comprometa la seguridad nacional, la soberanía de México o la integridad de nuestras instituciones”, declaró.
“Yo lo recibí pensando que era una autoridad legítima de Estados Unidos y que íbamos a hablar de la relación binacional, el tema famoso de la visa [en relación al tema de que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa a la gobernadora en mayo de 2025], porque el que nada debe nada teme”, sostuvo.
De acuerdo con su versión, durante la reunión los asistentes le hablaron de presuntos cargos y procedimientos judiciales en el extranjero con el objetivo de sorprenderla y generar el contexto que posteriormente aparece en los audios difundidos, en donde se habló de cargos penales y se mencionó la palabra extradición.
Añadió que, al considerar extraña la situación, pidió que cualquier comunicación se realizara a través de su abogado, quien, aseguró, nunca fue contactado. Su asesor legal fue identificado como Michael Nadler, con sede en Miami y especializado en investigaciones por corrupción, lavado de dinero y delitos financieros
La gobernadora, cuestionada por la prensa, señaló que considera emprender acciones legales.
Horas después, el exgobernador y actual comisionado político nacional del Partido del Trabajo (PT) en Baja California, Jaime Bonilla, negó ser partícipe de las entrevistas de la gobernadora con agencias estadounidenses, con asesores externos o maniobras para grabar conversaciones.
“Es ilógico que a quien ha señalado como a su peor enemigo, a quien ha perseguido política y penalmente, pueda participar en eventos tan sensibles y confidenciales de la gobernadora”, se lee en el comunicado del exmandatario compartido a través del PT.
“La gobernadora se encuentra en medio de una crisis de pánico debido a las investigaciones que se le siguen en Estados Unidos por narcoterrorismo”, expuso.
También cuestionó lo que consideró un cambio en la versión de la gobernadora respecto a las filtraciones de audios que se han dado a conocer.
“En ese material [la primera filtración] ya se advertían señalamientos muy comprometedores y su postura fue de negación. Cuando llega la segunda filtración ya no sabe cómo enderezar sus yerros y es cuando rompe la ‘caja de emergencia’ para sacar a su villano favorito”, planteó.
Marina del Pilar y Jaime Bonilla mantuvieron una buena relación cuando él era gobernador y ella aspirante a la gubernatura, pero una vez concluidos los dos años de administración del exmandatario y que Ávila Olmeda ganara la gubernatura comenzaron los conflictos.
Los señalamientos incluso escalaron a un nivel penal cuando el gobierno estatal presentó una denuncia en contra de Bonilla, quien actualmente enfrenta un proceso penal sobre el contrato para la construcción de una planta fotovoltaica con la empresa Next Energy y Banca Afirme.
El proyecto fue cancelado debido a que carecía de permisos federales y comprometía el dinero público con un pago de 37 mil millones de pesos a 30 años, para lo cual se logró un acuerdo para dar el contrato por terminado de forma definitiva y sin indemnización.
Pese a las diferencias y conflictos, en junio de 2025 ambos sostuvieron una reunión en donde incluso compartieron una fotografía juntos y después la propia gobernadora declararía que se trataba de cordialidad institucional.
