La reforma aprobada por el Congreso del Estado establece que los organismos operadores deberán garantizar un suministro mínimo de agua para consumo humano, aun cuando existan adeudos en usuarios domésticos.
SONORAHOY
Las familias sonorenses que enfrenten adeudos en el servicio de agua potable ya no podrán quedarse completamente sin el suministro para sus necesidades básicas, luego de que el Congreso del Estado aprobara una reforma a la Ley de Agua de Sonora que fortalece el derecho humano al acceso al recurso.
La iniciativa, presentada por la diputada Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga, fue avalada este martes con el propósito de armonizar la legislación estatal con la Ley General de Aguas publicada por la Federación en diciembre de 2025, además de incorporar disposiciones acordes con las necesidades de los municipios sonorenses.
Durante la presentación del proyecto, la legisladora destacó que el agua es indispensable para la vida, la salud y el bienestar de las personas, por lo que la reforma busca garantizar el acceso, la disposición y el saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, tal como lo establece la Constitución.
Uno de los cambios que más impacto tendrá para la población establece que los organismos operadores ya no podrán suspender totalmente el servicio de agua a usuarios domésticos por falta de pago. En su lugar, deberán asegurar un suministro mínimo indispensable para el consumo humano, conocido como “mínimo vital”.
La legislación también contempla que los organismos implementen mecanismos de limitación técnica del servicio, así como convenios para regularizar adeudos, facilidades de pago y esquemas especiales dirigidos a familias que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad económica.
Otro de los puntos aprobados incorpora principios como la participación social, la igualdad sustantiva, la perspectiva de género, el interés superior de la niñez y la progresividad de los derechos humanos, los cuales deberán ser considerados en la planeación y prestación de los servicios relacionados con el agua.
Además, los ayuntamientos tendrán la obligación de dar prioridad presupuestaria a los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, al tratarse de servicios esenciales para la población.
La reforma también impulsa la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia y fortalece las acciones para prevenir y controlar la contaminación de las aguas de jurisdicción estatal, considerando las condiciones de sequía y estrés hídrico que enfrenta Sonora.
En materia de tarifas, la nueva legislación incorpora el principio de asequibilidad, permitiendo establecer tarifas sociales, subsidios focalizados, condonaciones y convenios de pago para personas de bajos ingresos, con el objetivo de garantizar que ninguna familia se quede sin acceso al agua para cubrir sus necesidades básicas.
Con estas modificaciones, el Congreso de Sonora busca fortalecer la protección del derecho humano al agua y adaptar la legislación estatal al nuevo marco jurídico nacional, privilegiando el acceso al recurso por encima de la suspensión total del servicio en los hogares.
