La presidenta envía una propuesta al Congreso que aplaza los comicios judiciales a 2028, endurece filtros, reduce aspirantes y devuelve parte de la Suprema Corte a su antiguo diseño
EL PAÍS
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha puesto sobre la mesa una cirugía mayor a la reforma judicial impulsada por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. La iniciativa anunciada y enviada al Congreso este miércoles no mete reversa al nuevo modelo de elección popular de jueces, magistrados y ministros, pero sí admite, en los hechos, que el experimento de 2025 dejó fallas operativas, riesgos políticos y un galimatías electoral que el Gobierno busca contener antes de la siguiente cita en las urnas.
La propuesta se alista para avanzar en un periodo extraordinario en los próximos días y plantea una batería de cambios constitucionales para “perfeccionar” la reforma judicial de 2024. Sin embargo, el trasfondo político es más profundo: el oficialismo intenta corregir el desgaste provocado por una elección judicial marcada por la complejidad de las boletas, la saturación de candidatos y las dudas sobre la capacidad técnica de quienes llegarán a impartir justicia. El proyecto conserva intacto el corazón de la reforma obradorista —la elección popular del Poder Judicial—, pero modifica casi todos sus engranajes. Estas son las modificaciones más relevantes.
La elección judicial, a 2028
El cambio más vistoso es el aplazamiento de la próxima elección de impartidores de justicia. La reforma de 2024 establecía que los nuevos comicios coincidieran con las elecciones intermedias de 2027. El Gobierno de Sheinbaum propone ahora moverlos a 2028. Con ello, el tercer ejercicio empataría con la elección presidencial.
La propuesta de reforma constitucional reconoce que organizar dos procesos electorales simultáneos —la renovación de la Cámara de Diputados y la elección masiva de cargos judiciales— podría desbordar la capacidad operativa del sistema electoral. Admite “desafíos significativos” para las autoridades electorales y para el propio Poder Judicial.
El trasfondo político, en cambio, tiene otra lectura. Según integrantes del oficialismo, con este movimiento Morena gana tiempo para reorganizar un modelo que fue poco planeado y cuyo ensayo en 2025 dejó más incertidumbres que certezas. El Gobierno argumenta que este retraso permitirá hacer “ajustes normativos, técnicos y metodológicos” a partir de la experiencia de 2025.
Menos candidatos y boletas más simples
El proyecto presidencial acepta otra de las grandes críticas a la reforma original, la imposibilidad práctica de que un ciudadano pueda votar de manera informada entre decenas de aspirantes judiciales en una boleta.
Para corregirlo, se reduce drásticamente el número de candidaturas. Los Comités de Evaluación ya no enviarán listas extensas, seleccionarán únicamente a las cuatro personas mejor evaluadas por cada cargo y después esas listas serán depuradas mediante insaculación pública hasta quedar en dos candidaturas finales por posición.
La apuesta del Gobierno es transformar una boleta saturada e ilegible en una papeleta más manejable. La iniciativa incluso sostiene que el exceso de nombres dificulta “la deliberación ciudadana” y afecta el ejercicio pleno del voto. También propone que cada elector vote únicamente por una candidatura por especialidad, en lugar de emitir múltiples sufragios dentro de una misma materia judicial.
Blindaje contra la intervención partidista
Uno de los puntos más sensibles del nuevo texto es el intento de contener la injerencia abierta de los partidos políticos en la elección judicial. La iniciativa de Sheinbaum establece que las autoridades electorales deberán garantizar que las campañas y la jornada electoral se desarrollen “sin la intervención de representantes de partidos políticos”. Además, el proyecto fija que el escrutinio y cómputo de votos se realizará en la misma casilla donde fueron sufragados, salvo casos excepcionales, con el argumento de reforzar la certeza y transparencia del proceso.
Comités de evaluación con más poder
La propuesta fortalece a los polémicos Comités de Evaluación de los tres poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, las instancias encargadas de revisar los perfiles de aspirantes judiciales. Cada poder mantendrá su propio comité, pero ahora deberán coordinarse mediante una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los tres órganos. Esa comisión homologará criterios, metodologías y exámenes de conocimiento.
El cambio da respuesta a otra de las críticas centrales a la reforma de López Obrador: la ausencia de filtros técnicos sólidos para garantizar la preparación de los candidatos. La iniciativa replantea los criterios. Habla de seleccionar a personas con “conocimientos técnicos necesarios”, “honestidad”, “buena fama pública” y “antecedentes académicos y profesionales”.
Regresan las salas a la Suprema Corte
La iniciativa también revive parcialmente el viejo modelo de funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La reforma de 2024 había concentrado todas las decisiones en el pleno y eliminado las salas. El proyecto de Sheinbaum propone que el máximo tribunal vuelva a operar dividido en dos secciones para resolver asuntos de trámite y descargar trabajo.
Aunque en el texto se evita usar el término “salas”, en los hechos implica un retorno a un esquema similar al que existía antes de la reforma obradorista. La modificación representa una corrección significativa al rediseño impulsado por López Obrador, cuya apuesta había sido centralizar todas las decisiones en un pleno único como parte de su narrativa de austeridad y simplificación institucional. La propuesta mantiene el sistema de rotación de la presidencia de la Suprema Corte cada dos años, determinada por el número de votos obtenidos en la elección correspondiente.
Paridad obligatoria en toda la elección
La iniciativa convierte la paridad de género en una regla estructural del nuevo modelo judicial. Los Comités de Evaluación deberán integrar listas paritarias y la insaculación se realizará de forma separada entre hombres y mujeres. Los poderes postulantes competirán además dentro de bloques diferenciados por género y especialidad. El objetivo es evitar que las autoridades electorales tengan margen de discrecionalidad al asignar cargos tras la elección.
Jueces en funciones tendrán que renunciar para competir
Otro ajuste relevante obliga a jueces y magistrados en funciones que quieran contender por otro cargo judicial a separarse de su puesto mediante renuncia irrevocable antes de registrarse como candidatos. El Gobierno argumenta que así se evitará que las campañas paralicen el funcionamiento cotidiano de tribunales y juzgados.
Centralizar el control del proceso
La propuesta refuerza la centralización política y administrativa del nuevo modelo judicial. El proyecto presidencial otorga más facultades al Instituto Nacional Electoral para diseñar distritos judiciales, repartir candidaturas y reorganizar territorialmente las elecciones en cada proceso. Al mismo tiempo, concentra en una comisión coordinadora nacional —integrada por representantes de los tres poderes— la definición de criterios, metodologías y exámenes para seleccionar aspirantes.
El esquema reduce el margen de operación de los Estados y uniforma las reglas locales bajo parámetros federales. La propia iniciativa establece que las entidades deberán sujetarse “estrictamente” a las bases, etapas y procedimientos definidos para el Poder Judicial federal. El Ejecutivo federal conservará la facultad de postular candidaturas; el Legislativo lo hará mediante votaciones calificadas en el Congreso, y el Poder Judicial a través del pleno de la Suprema Corte. En los hechos, la reforma aleja la selección judicial de órganos técnicos autónomos y la concentra en los tres poderes del Estado.
Capacitación y evaluación obligatoria
La iniciativa incorpora un nuevo componente de vigilancia sobre los juzgadores electos. Magistrados y jueces deberán pasar por programas obligatorios de capacitación y actualización permanente coordinados por la Escuela Nacional de Formación Judicial. Durante su primer año serán sometidos a evaluaciones de desempeño con criterios de transparencia, objetividad e imparcialidad, se lee en el proyecto.
La reforma de Sheinbaum conserva intacta, en su exposición de motivos, la narrativa fundacional de López Obrador: democratizar al Poder Judicial mediante el voto popular. Pero en los hechos, el documento revela otra realidad. La Administración de Sheinbaum reconoce implícitamente que la primera versión de la reforma nació con errores de diseño que amenazan su viabilidad. La nueva reforma intenta corregir esas grietas sin admitir explícitamente el fracaso del modelo original.
