DEBATE
Más de diez años han pasado desde que un desastre minero cambió para siempre la vida en las comunidades cercanas al Río Sonora. Hoy, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ha retomado las acciones directas en el territorio para identificar la presencia de metales pesados en la zona.
Bajo la coordinación de la Subsecretaría de Regulación Ambiental, equipos especializados llevaron a cabo un muestreo exploratorio de suelo y sedimentos. Estas jornadas, realizadas con tecnología de fluorescencia de rayos X, no son un esfuerzo aislado; forman parte de una estrategia de saneamiento que cubrirá 402 kilómetros de la cuenca, buscando beneficiar directamente a unos 22,000 habitantes. Los recorridos han contado con el acompañamiento de los comités de cuencas locales, abarcando puntos críticos como Cananea, Arizpe, Aconchi y Ures, entre otros.
Las cicatrices de 40 millones de litros de sulfato de cobre
Para entender la magnitud de la tarea actual, es necesario recordar el origen de la crisis. El 6 de agosto de 2014, ocurrió lo que la Semarnat califica como el “peor desastre ambiental de la historia minera de México”. Una negligencia en el diseño hidrológico del sistema de presas de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, provocó el derrame de 40 millones de litros (40,000 metros cúbicos) de sulfato de cobre acidulado.
Este torrente tóxico no solo impactó 288.8 kilómetros de la cuenca, sino que dejó rastros de metales pesados en los ríos Sonora y Bacanuchi, afectando la vida cotidiana y la salud de familias en ocho municipios, incluidos Banámichi, Huépac y San Felipe de Jesús. La actual titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, ha enfatizado que estas nuevas acciones buscan garantizar el derecho humano a un entorno natural sano, tras años de reclamos comunitarios.
Un plan integral: Salud, agua y remediación económica
La respuesta actual del gobierno no se limita a la recolección de muestras. Se ha estructurado un plan integral de tres ejes: salud, acceso a agua potable y remediación ambiental. Como parte de este compromiso, la presidenta Claudia Sheinbaum informó recientemente que Grupo México realizó un primer depósito de 500 millones de pesos destinados a comenzar la reparación de los daños.
El horizonte para finales de 2025 incluye proyectos de infraestructura vital para la región:
– Infraestructura médica: La construcción de un nuevo hospital regional en Ures, que contará con una unidad de vigilancia epidemiológica y seguimiento toxicológico.
– Calidad del agua: Instalación de plantas potabilizadoras y un centro de monitoreo constante de la calidad del recurso hídrico.
– Justicia Social: El inicio del pago de indemnizaciones a mineros, viudas y familiares afectados por la actividad y el desastre.
Con estas medidas, se busca cerrar una brecha de impunidad y asegurar que el desarrollo industrial no ocurra a expensas de la seguridad y la salud de las comunidades sonorenses.
