Dos mujeres que investigan el paradero de sus hijos están bajo el acoso de criminales; colectivos exigen que autoridades les otorguen medidas efectivas de protección
Recordaron que en febrero de 2024 la presidenta del Colectivo de Búsqueda Unión y Fuerza por nuestros Desaparecidos, Angelita Meraz León, fue asesinada en Tecate; meses antes reportó amenazas y fue integrada al mecanismo de protección local con un botón de pánico, monitoreo y rondines.
Cinco días después de que abrió su salón de belleza la asesinaron.
El caso de doña Patricia
“Yo no busco empatía, lo que busco es justicia, primero por mi hijo y ahora por mi nieto”, expresa Patricia Orozco, buscadora del único colectivo en San Felipe, y abuela de Abel Roberto Guzmán, joven de 18 años asesinado el 8 de septiembre pasado.
“Desde mayo me amenazaron y me tuve que ir. Apenas regresé, después de meses, y me mataron a mi muchacho. Me han matado dos veces, cuando se llevaron a mi hijo, y ahora, a mi nieto”, dice la mujer.
En mayo pasado Patricia denunció que recibía amenazas de muerte contra ella y su familia; entonces pidió ser agregada al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, el cual decidió analizar el nivel de riesgo, y mientras tanto, le otorgaron un botón de pánico y coordinaron rondines.
Ante la falta de seguridad y vigilancia, Patricia suspendió los operativos de búsqueda y se fue del estado. Desde el lugar donde se ocultó durante cuatro meses confirmó que los rondines duraron un mes y consistieron en visitas fuera de su casa. Policías locales tomaban una fotografía de la vivienda y se retiraban sin buscarla.
El 2 de septiembre regresó a San Felipe porque las amenazas habían parado y ella necesitaba trabajar para mantener a su hija. Seis días después, el 8 de septiembre, hombres armados mataron a su nieto a unas calles de su casa.
“Fueron como 10 balazos, y todavía escuché cuando gritó ‘¡Nana, nana ayúdame!’. Él era mi mejor apoyo, siempre me acompañaba a las búsquedas”, recuerda Patricia en medio del llanto, desde un lugar no identificado para su protección.
“Presioné el botón de pánico muchas, muchísimas veces, pero nadie vino. Tuve que marcar al 911”, recuerda entre sollozos.
Un policía municipal llegó a la escena del crimen y con su lámpara alumbró al joven tendido en la calle. Ahí lo alcanzó Patricia, quien le preguntó al oficial por qué habían tardado tanto en llegar, la respuesta fue: “Yo sólo hago mi trabajo”.
Después de eso, la familia de Patricia tuvo que trasladar el cuerpo al hospital, donde declararon su muerte.
La complicidad en Playas de Rosarito
Dos semanas después, otra madre buscadora, ahora en Playas de Rosarito, solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) medidas de protección, el motivo: le colocaron un cuerpo desmembrado frente a su casa, le apuntaron con un arma y la amenazaron de muerte a través de mensajes.
En este caso, recientemente fueron vinculados a proceso tres policías municipales de Playas de Rosarito por el delito de desaparición forzada. Los agentes están relacionados con la desaparición de un menor de 17 años, hijo de la madre buscadora, cuyo nombre se reserva para este trabajo por motivos de seguridad.
Su miedo está fundado, pues son cuatro los policías involucrados en su caso y uno está prófugo.
“Tardaron cinco años en obtener una orden de aprehensión, evidentemente son personas con protección porque todos —aun con sus antecedentes— continuaban activos. Me habían amenazado, que dejara de investigar, que dejara de decir que había policías involucrados, pero se trata de mi hijo. Esto no puede quedar impune”, expresa.
La desaparición del joven ocurrió en diciembre de 2020. En esa fecha le informaron que policías municipales habían detenido a cuatro personas, entre ellas a su hijo, como sospechosos de cometer un asalto.
Aun con testigos y videos de cámaras de seguridad que evidenciaban el operativo y los arrestos, los oficiales dijeron que sólo habían tenido contacto con uno de los involucrados. La madre del menor recorrió el sitio donde sucedieron los hechos y encontró un charco de sangre que, según una prueba genética, era de su hijo.
Desde que la mamá del joven inició con la investigación comenzaron las amenazas, primero fueron mensajes, luego se fueron intensificando hasta que arrojaron el cuerpo de una mujer descuartizada en las inmediaciones de su casa. Tiempo después, un desconocido la abordó mientras iba con su hijo pequeño y le apuntó con un arma.
“Antes no me importaba mi vida porque mi prioridad es buscar justicia por mi hijo, pero en ese momento, cuando me apuntaron y escuché a mi hijito suplicar por mi vida, ahí es donde dije: ‘necesito estar viva por los dos, para mi hijo desaparecido y por mi hijo que aún depende de mí’”, relata la activista desde un lugar no identificado para su seguridad y protección.
Semanas antes, autoridades le habían entregado un botón de pánico como medida de protección, el cual usó, pero no funcionó cuando le apuntaron con el arma.
La activista ha vuelto a pedir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que le cambie las medidas de protección por otras más efectivas para evitar ser víctima de más represalias, a raíz de la detención de policías involucrados en el caso de su hijo. La respuesta oficial es que harán la petición con la esperanza de que se apruebe.
“No sé si están esperando a que me maten, como a Angelita, o que le pase algo a mi familia, como a otras compañeras. Pedir protección por hacer el trabajo que ellos deberían de hacer, es lo mínimo”, advierte.
