DOSSIER POLITICO
En el marco del Día de Acción Global por un aborto libre y seguro, la colectiva Ni Una Más de Hermosillo, Sonora, señaló que la inacción institucional en torno a la interrupción del embarazo lleva a las mujeres y personas gestantes a la clandestinidad.
El aborto en Sonora sigue siendo un delito tipificado en el Código Penal y está reforzado por un “candado” legal en la Constitución local que protege la vida desde la concepción. Ante este marco restrictivo, colectivas feministas han intensificado su lucha para exigir la despenalización y legalización inmediata de esta práctica, denunciando una falta de “voluntad política y misoginia” con la que se gobierna en el estado.
Sonora es una de las entidades del país que aún no despenalizan el aborto, pese a que, en 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización de esta práctica al determinar que vulnera los derechos reproductivos de mujeres y personas gestantes.
En ese estado del norte, la interrupción del embarazo solo está permitida por tres causales: violación, si ocurre de manera involuntaria o si la vida de la mujer está en riesgo. Fuera de ellas, la práctica se criminaliza.
En esa línea, Leslie Valdez, abogada e integrante de la colectiva Ni Una Más HMO, dijo a Animal Político que la lucha feminista va más allá de las causales, por lo que urgen al gobierno de Sonora, a cargo del morenista Alfonso Durazo, y al Congreso local, reconocer el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo.
“Nuestra postura es clara, la penalización es una medida institucional y exigimos la despenalización, pero no solo eso, no solo es la despenalización y la legislación inmediata del aborto, es también que se den las condiciones adecuadas para tener un aborto digno”, aseveró.
En el marco del Día de Acción Global por un aborto libre y seguro, Valdez hizo hincapié en que la penalización convierte el acceso a la interrupción del embarazo en una cuestión de clase social.
Además, sostuvo que la práctica sigue siendo un tabú en Sonora o “al menos así quieren manejarlo las autoridades”, por lo que atribuyó la inacción institucional al miedo de los legisladores a perder votos y privilegio.
Sin embargo, enfatizó que dicha inacción condena a las mujeres y personas gestantes a la clandestinidad.
La despenalización del aborto, un tema pendiente en Sonora
El gobernador Alfonso Durazo sí se ha pronunciado respecto al tema en distintas ocasiones durante su administración que comenzó en 2021.
Por ejemplo, en septiembre de 2023 sostuvo que la entidad debía atender el mandato de la Corte que obliga a las entidades a legislar en favor de la despenalización del aborto, sin embargo, señaló la importancia de realizar una consulta pública ante la división de opiniones.
Un año más tarde, en entrevista con Uniradio, dijo que el aborto era uno de los asuntos “más sensibles para la sociedad, para la opinión pública” en Sonora y señaló que “todos los estados tendrán en un momento u otro que dar el paso de la aprobación” a menos de que el máximo tribunal del país reconsidere su propia jurisprudencia.
En esa misma entrevista, el mandatario indicó que la diputada de Morena, Celeste Taddei, presentó una propuesta, pero él insistió en la necesidad de “trabajar ese tema todavía más”.
Este 2025, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Durazo expresó que “en algún momento” habría que atender la sentencia de la Corte.
“Yo expresaba que el movimiento progresista del país tiene una agenda histórica que incluye ese postulado y también hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que recomienda a los congresos de los estados legislar en ese sentido, tendremos que dar el paso en algún momento para atender esa sentencia”, sostuvo.
Pese a sus declaraciones, la despenalización del aborto es un tema que hasta el momento sigue pendiente de legislar en la entidad. Incluso, se ha señalado que no hay disposición del Congreso local para despenalizar la práctica.
En agosto pasado, la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Félix, declaró que el tema requiere voluntad y los votos de la mayoría de las y los legisladores, sin embargo, enfatizó que no se percibe esa apertura dentro del Congreso.
“Yo creo que no la hay, sin embargo, no digo que no se pueda construir”, dijo Félix a diversos medios locales, quien se pronunció a favor de la despenalización y afirmó dar su apoyo para cuando se presente la iniciativa.
El silencio institucional por el tema del aborto en Sonora
Las exigencias para alcanzar la despenalización del aborto en Sonora se intensificaron desde julio pasado tras una reunión entre integrantes de colectivas y autoridades.
En el encuentro, relató la abogada Leslie Valdez, ella preguntó “qué iba a pasar con el tema” y la respuesta en ese momento, dijo, fue que el asunto no le compete al mandatario, pues se trata de una responsabilidad del Congreso. Sin embargo, las colectivas argumentaron que él podía presentar una iniciativa de ley.
Un mes más tarde ―el 15 de agosto―, sostuvieron un nuevo encuentro en el que esperaban la asistencia de Alfonso Durazo, pero no se presentó.
Ante cuestionamientos por no acudir al diálogo, el equipo del gobernador acordó gestionar una reunión que hasta la fecha no ha llegado, a pesar de haber entregado una solicitud para abordar el tema y tomar medidas en el asunto mientras sucede la discusión.
Con el documento esperaban obtener un enlace de seguimiento, pero solo ha persistido el silencio oficial.
Ante este panorama, el mensaje de las colectivas feministas ―incluyendo a Ni Una Más― es enfático y directo al exigir que dejen de lado los prejuicios.
“Dejen de legislar con sus prejuicios y su cobardía, quítense la venda de los ojos, nuestras vidas no son negociables y mucho menos nuestros derechos”, dijo Leslie Valdez.
Las exigencias para despenalizar la práctica en Sonora
La abogada explicó que en Sonora solo existen tres módulos de aborto, ubicados en Hermosillo, Obregón y Nogales, lo que limita el acceso a lo largo de los 72 municipios de la entidad.
La agenda de las colectivas feministas de Sonora, incluyendo a Ni Una Más, articula una exigencia clara para poner fin a la criminalización del aborto y garantizar el acceso pleno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes.
La demanda principal es la despenalización y la legislación inmediata del aborto, así como la creación de las condiciones para un aborto seguro y legal en el estado.
Las colectivas señalan, de acuerdo con la abogada Valdez, que la penalización actual es una medida institucional que obliga a muchas mujeres a la clandestinidad al dejarlas sin acceso a los apoyos necesarios, mientras otras tienen que viajar a otros estados o buscar el acompañamiento de redes feministas.
En ese sentido, dijo, han identificado barreras legales específicas que deben ser eliminadas para garantizar el derecho a decidir, como es la disposición que contempla la protección de la vida desde la concepción.
En sus demandas al gobierno, solicitaron al Ejecutivo girar instrucciones inmediatas a la Secretaría de Salud para garantizar el acceso al aborto voluntario hasta la semana 12, argumentando que esto es una obligación constitucional de los estados, aun cuando el Código Penal no se haya reformado.
También pidieron llevar a cabo las diligencias necesarias para que exista una campaña permanente sobre derechos sexuales y reproductivos y educación integral en sexualidad.
En tanto, a la Fiscalía del Estado, demandaron que suspenda la apertura de carpetas de investigación, “así como cualquier integración de carpetas para su judicialización por el delito de aborto voluntario”.
Asimismo, colectivas instaron a revisar y archivar las carpetas abiertas por aborto voluntario.
Movilización del 28S en Sonora
Las colectivas feministas de Sonora convocaron a una marcha para este domingo por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, en el marco de su estrategia constante de presión y visibilización por el tema.
La movilización tiene como objetivo central demandar el derecho a decidir.
La ruta de la marcha está diseñada, dijo Valdez, para enviar un mensaje directo a las autoridades como parte de su “triángulo de acciones” que busca presionar simultáneamente al Ejecutivo, al Congreso e informar a la sociedad, reafirmando que no cesarán las acciones hasta que deje de criminalizarse esta práctica en el estado y se garanticen las condiciones adecuadas para ella.
