EL SOL DE MÉXICO
Señalan que la toma afecta programas y apoyos para la población guarijía y otros pueblos originarios.
La liberación de las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en San Bernardo, Álamos fue exigida por autoridades de diversas etnias en el sur de Sonora, con el objetivo de garantizar la operatividad y asistencia a integrantes de la comunidad Guarijía y otros pueblos originarios de la región.
En un comunicado firmado por autoridades tradicionales, entre ellos Ernesto Macario Rodríguez, gobernador de Los Estrados; Benito Armenta Ciriaco, gobernador Guajaray; Armando Enríquez Enríquez, gobernador San José; Raúl Enríquez Cautivo, gobernador Mesa Colorada; y Pedro Buitimea Armenta, gobernador de Los Bajíos, manifestaron su inconformidad por la forma en que un grupo de personas se ha apoderado del inmueble, afectando con ello las actividades esenciales para las comunidades.
Los gobernadores indígenas aseguraron que la ocupación del inmueble interrumpe el acceso a los servicios que requieren los pueblos más vulnerables, y aunque reconocen que existen demandas, enfatizaron que “no se debe sobrepasar el interés común de la población”.
En el comunicado señalaron de manera enfática: “Reiteramos que la toma de oficinas del INPI en San Bernardo no forma parte de ningún acuerdo a nivel comunitario o regional, por lo tanto, no estamos participando y tampoco cuenta con nuestro apoyo”.
Los líderes comunitarios también hicieron un llamado a Héctor Zaila Enríquez, a quien pidieron actuar con “responsabilidad y madurez”, y apegarse a las decisiones acordadas por la mayoría. Indicaron que la toma no es respaldada por la mayoría de las autoridades tradicionales y que, en cambio, provoca una paralización de los proyectos y programas que benefician a los pueblos indígenas.
Pese a este conflicto, aclararon que los apoyos no se han suspendido, ya que se habilitaron sedes alternas para continuar con la entrega de beneficios.
En el pronunciamiento, añadieron: “Cabe precisar que sus peticiones se ventilaron en mesas institucionales del Plan de Justicia, y en conjunto, acordamos priorizar las solicitudes más apremiantes, nos corresponde entonces ser congruentes con ello”. Asimismo, señalaron que, en caso de continuar con la toma de las oficinas, esta acción será considerada como un interés personal de sus promotores y no en beneficio de las comunidades indígenas.
Finalmente, los gobernadores indígenas solicitaron a los tres niveles de gobierno atender este llamado y coordinarse directamente con las autoridades guarijías, a fin de garantizar la continuidad de los procesos de apoyo y justicia establecidos en favor de los pueblos originarios de Sonora.
