Excelsior
La iniciativa con proyecto de decreto para una nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales que se discute en estos momentos en la Cámara de Diputados es tan amplia que sus alcances son comparables con la reforma agraria de 1917, estimaron diputados federales de Morena, PAN, MC, PRI y Verde.
El gobierno de México plantea tres puntos fundamentales en la iniciativa: garantizar el derecho humano al agua, otorgando 60 litros diarios a cada mexicano para uso personal y doméstico sin pago alguno; acabar con el mercado negro y especulativo del agua, que el Estado recupere la rectoría, y ordenar las concesiones para evitar ilegalidad y corrupción en el manejo del agua; no se podrán transferir, heredar, ni vender.
Hoy lunes se realizará en San Lázaro una reunión entre la comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, representantes de la Presidencia de la República y del departamento jurídico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La reunión es para analizar el estatus que tiene la iniciativa del Ejecutivo federal en materia de agua enviada al legislador el 8 de octubre de 2025, ya que existe una proyección para que se apruebe en actual periodo, que termina el próximo 30 de noviembre.
Eduardo Fuhrken, vicepresidente del Sector Privado Empresarial del estado de Durango, compartió a Excélsior detalles del encuentro que junto a sus colegas Miguel Sánchez y Guillermo Pérez Gavilán, tuvo con diputados federales, entre ellos Alfonso Ramírez Cuéllar.
La reunión que se dio por intermediación de la diputada por Morena Martha Olivia García Vidaña y que se prolongó por casi tres horas, refirió Furhken, fue la oportunidad para decirles a los diputados que el sector empresarial “es el principal interesado en que haya una ley nueva de aguas, porque la vigente tiene más de 40 años, y está totalmente fuera de la realidad, pero que habría que ajustar ciertos temas”.
FIN AL MERCADO NEGRO
Entre los puntos más sobresalientes de la pretendida nueva ley de aguas están que se acabará con el mercado negro del líquido; es decir que los tenedores de licencia para la explotación de agua –campesinos, rancheros, ejidatarios, empresarios–, ya no la podrán vender o intercambiar con terceros el líquido.
El Capítulo IV Infracciones y sanciones administrativas, artículo 119, de lo que sería el nuevo instrumento legal, en sus apartados XXV y XXVI señala:
“Ceder, suministrar, intercambiar por pago en especie, o proporcionar de cualquier forma a terceros, provisional o definitivamente, el uso parcial o total de las aguas materia de los títulos de concesión asignada o permisos; transmitir los títulos de concesión o los permisos..”
También se pretende que haya un riguroso proceso para las concesiones que se otorgaban por periodos de hasta 30 años; el criterio de una nueva ley en materia de concesiones es que serían revisadas cada año en razón del aprovechamiento que se haya tenido la concesión, contrastando el volumen de agua ocupada, con lo que se cosechó en esos doce meses.
Otro punto es que las tierras que entren en un proceso de compra-venta y que tengan una licencia de explotación de algún pozo de agua, tendrán que ser vendidas sin la garantía (plusvalía) del agua, es decir, al momento de finiquitar una transacción comercial, la licencia de agua se entregará a la Conagua y ésta decidirá qué volumen de agua se entrega al nuevo poseedor o propietario, o si no se le da agua. Con lo que se elimina el uso patrimonialista del agua.
El artículo 56 bis vigente en estos momentos permite “transmitir sus derechos de agua”, en caso de que los ejidatarios y comuneros transmitan la titularidad de la tierra. El pretendido nuevo 56 bis señala que “en los casos que las personas ejidatarios o comuneros trasmitan la titularidad de la tierra conforme a la ley y éstas cuenten con un título de concesión de agua, deberán solicitar a la autoridad del agua –Conagua”–, la reasignación de volúmenes para la nueva persona titular (…) exceptuando el análisis de la disponibilidad”.
SE REVOCARÁN CONCESIONES
En el contexto de una nueva ley de aguas, las licencias de agua no tendrán más el carácter de herencia; lo que establece es que, a partir de la nueva ley, la titularidad de una licencia de agua se acaba con el fallecimiento de éste y en todo caso Conagua decidirá si al heredero de la tierra se le otorga una nueva licencia.
De aprobarse esta nueva ley de aguas, los concesionarios que no hayan utilizado durante un periodo de dos años el agua a la que tiene derecho se les revocará la concesión; lo que inhibiría ciertos procesos productivos que eventualmente se benefician de las lluvias, cuando hay, y que necesitan del agua de una concesión en temporadas de secas.
Por ningún motivo, a partir de que exista una nueva ley de aguas como se plantea en la iniciativa que está en la Cámara de Diputados, los distritos de riego podrán cambiar totalmente el uso del agua, previa autorización de Conagua, como lo establecía el artículo 75 inciso III.
En la iniciativa para el cambio de reglas en el uso del agua, el artículo 82 bis establece que “la captación de agua pluvial que no tenga por objeto el consumo personal y doméstico requerirá la autorización de la “Autoridad del Agua” –Conagua–, con el objeto de no afectar la disponibilidad o a terceros”.
En el instrumento que se pretende poner en marcha a la brevedad, se ampara 60 litros de agua diarios por cada mexicano, como parte del derecho humano al líquido. Sin embargo, no se señala que dependencia asumirá el gasto de entregar el agua a los 120 millones de habitantes, sobre todo cuando los servicios municipales de agua son los que tienen la responsabilidad del suministro y en general carecen de infraestructura para certeras mediciones.
Como parte de la información compartida está que a nivel nacional sólo el 58% de la población del país tiene agua diariamente en su domicilio. De acuerdo con datos oficiales, el estado de Guerrero tiene una situación “crítica”. En el medio urbano el porcentaje es de 64 y en el rural de 39. Son 14 los estados con mayor rezago en el acceso al agua, ahí la gente no cuenta con agua todos los días.
TEMA DE SEGURIDAD NACIONAL
En este contexto, Eduardo Furhken informó que presentaron a los diputados federales una versión ejecutiva de un estudio donde aprecian distintos impactos, con 7 propuestas puntuales.
“Les dijimos a los diputados que esta cuestión del agua es vital; que no hablamos de energía eléctrica, gas, sino de un elemento vital: ninguna persona puede estar dos o tres días sin agua.
“También, dijo Furhken, le pedimos a los diputados que el tema de agua lo vean sin los intereses de los colores partidistas, que lo vean como una realidad de seguridad nacional y un bien que necesitamos cuidar mucho”.
El empresario duranguense dijo que no porque sean sector privado, “no quiere decir que nada más a los malos de la película, como se nos tacha, nos afectará una ley como la que se plantea aprobar, las afectaciones van a ser para todos los sectores productivos del país”.
Como muestra de la necesidad de tener una nueva ley de aguas, dijo Eduardo Furhken, es que en Durango existe desde hace 40 años vedas hídricas, que no son otra cosa más que la imposibilidad de tener una concesión de agua, aunque escarbando apenas siete metros se pueda obtener el líquido.
“Nosotros estamos en contra de tener que ir a comprar derechos de agua en el mercado negro para poder trabajar, eso lo debe dar la nación, no estamos en contra de la ley, pero sí en ciertas condiciones que trae la ley que va a ser un verdadero problema”, dijo.
Furhken mencionó que en un momento de la reunión con los diputados, le dijo a Ramírez Cuéllar que “el sector agrícola está muy presionado por la inseguridad, por los precios que no les dan; y le dije el asesinato de Bernardo Bravo, el líder limonero de Michoacán, ha puesto muy caliente el ambiente en el campo, y si sacan está ley como la traen, se va a hacer un súper problema”.
Otros de los puntos que no cuadran para esta nueva ley de aguas es que toda la carga de trabajo la tendría que hacer la Conagua, que a través de 13 organismos de cuenca administra 757 cuencas hidrológicas, agrupadas en 37 regiones hidrológicas, además de 653 acuíferos de aguas subterráneas, ya que los presupuestos para esta dependencia han ido decreciendo. Para 2026 tiene una bolsa de 36 mil 689 millones; en el 2025 el presupuesto fue de 37 mil 119 millones; en 2024, 62 mil 664 millones, y en 2023, 68 mil 485 millones.
METAS
La iniciativa del gobierno federal busca:
- Fortalecer y garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento.
- Recuperar la rectoría del Estado en la gestión del agua, con el fin de garantizar la seguridad hídrica de las generaciones presentes y futuras.
- Ordenar el régimen de concesiones, para asegurar una distribución equitativa de los recursos hídricos.
