EL SOL DE HERMOSILLO
La propuesta plantea un nuevo impuesto agrícola municipal con reglas claras y protección a la seguridad alimentaria
Con el propósito de brindar certeza jurídica a ejidatarios en Sonora y eliminar cobros inconstitucionales, la diputada Rebeca Irene Silva Gallardo presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda Municipal y a la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.
El motivo central de esta propuesta es eliminar el Impuesto Predial Ejidal, una figura fiscal que actualmente aplican algunos ayuntamientos, pese a que ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Explicó que la iniciativa busca establecer un nuevo marco normativo que regule de manera legal y justa la tributación en terrenos ejidales. Entre las modificaciones planteadas destaca que los propietarios de terrenos ejidales solo pagarán el Impuesto Predial correspondiente a la propiedad del terreno, tal como sucede con los predios rústicos.
Además, se otorgará a las autoridades municipales la facultad de actualizar el valor comercial del predio, considerando aspectos como su ubicación, construcciones, acceso a servicios y otras condiciones que eleven su valor.
La propuesta contempla la creación de un nuevo gravamen denominado Impuesto Municipal sobre Producción Agrícola Ejidal, el cual sustituiría figuras fiscales actualmente utilizadas por los municipios de manera ambigua o irregular, y se incluiría dentro del capítulo de Impuestos Adicionales.
El nuevo impuesto recogería elementos del actual Impuesto sobre Producción Agrícola que cobra el Estado, pero adaptado al ámbito municipal y con una distribución justa de los ingresos, respetando la proporción que corresponde a los ejidos y fortaleciendo la recaudación local, abundó durante la exposición de motivos.
Uno de los puntos clave de la iniciativa de ley es que no se aplicará este impuesto a la producción agrícola destinada al autoconsumo del agricultor, su familia o los miembros del ejido, ni a la semilla reservada para la próxima siembra, con lo que se protege la seguridad alimentaria de las comunidades rurales.
Silva Gallardo puntualizó que esta propuesta no tiene como objetivo imponer una nueva carga fiscal al sector agrícola, sino establecer con claridad legal lo que ya se está cobrando en muchos municipios, eliminando la figura del Impuesto Predial Ejidal, que carece de sustento constitucional. La iniciativa se turnó a la Comisión de Hacienda para su análisis.
