EL SOL DE HERMOSILLO
Cinco funcionarios de Cecop Sonora son investigados por desfalco de 60 millones de pesos.
Un total de cinco personas son investigadas por estar posiblemente relacionadas con el desfalco en el Cecop Sonora por más de 60 millones de pesos, que se dio a conocer hace unas semanas, donde al servidor público señalado como principal responsable se le embargó una propiedad en Hermosillo.
En entrevista, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en Sonora, María Dolores del Río Sánchez, dio a conocer que desde que se recibió la denuncia en abril de este año, se procedió a elaborar una carpeta de investigación para esclarecer el supuesto desfalco que involucra a ese número de servidores públicos del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop).
La investigación ha avanzado en su desarrollo, y hasta el momento, cuatro de los cinco servidores públicos implicados en el presunto desfalco en Cecop Sonora han sido localizados, notificados y citados para declarar sobre los hechos, confirmó la funcionaria, cuyos empleados ocupan diferentes cargos dentro de la dependencia estatal, y su participación está siendo evaluada conforme a las pruebas que se han recabado hasta el momento.
“Recibimos en esas fechas una denuncia del ex coordinador general de Cecop (David Mendoza). A partir de ese momento nosotros iniciamos una investigación. Hemos sido muy discretos porque nos basamos primero en un principio que asumimos cuando tomamos el cargo todos los que llegaron junto conmigo, que es el principio de confidencialidad”, expuso.
Debido a ello, la persona que presuntamente sustrajo el recurso público es buscada mediante diversos procedimientos legales, tanto dentro como fuera de la entidad.
“La Fiscalía Anticorrupción de Sonora revisa el proceso penal. Entiendo que tiene que ver con delitos específicos que ellos han mencionado. Y nosotros estamos en el camino de la falta grave y falta no grave”, respondió al preguntarle si la dependencia a su cargo es la encargada de emitir sanciones.
Una vez que finalice esa etapa, el caso se turnará al Tribunal de Justicia Administrativa en Sonora, donde se habrán de imponer las multas o sanciones correspondientes, que pudieran derivar en inhabilitación para ejercer en la función pública en contra de quien o quienes resulten responsables.
