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El pasado 28 de agosto un juez de primera instancia dictó prisión preventiva contra Víctor Guerrero González ex Secretario de Educación, y también contra Alberto Curiel Montiel, quien se desempeñó como Subsecretario de Planeación en la SEC.
Será el martes 2 de septiembre cuando se celebre la continuación de la primera audiencia para determinar si los ex funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora (SEC) son vinculados o no a proceso por el presunto delito de peculado.
En declaraciones a la prensa, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado Gustavo Rómulo Salas Chávez, afirmó que cuentan con las pruebas suficientes para comprobar el mencionado delito.
“Tenemos la total y absoluta confianza en que vamos a lograrla con el caudal probatorio que se encuentra en el expediente y que estas personas ya se encuentran sujetas a prisión preventiva justificada, no solamente por la magnitud de daño causado al erario público, sino porque tenemos la presunción fundada de que esperan evadirse de la justicia”, dijo.
El pasado 28 de agosto un juez de primera instancia dictó prisión preventiva contra Víctor Guerrero González ex Secretario de Educación, y también contra Alberto Curiel Montiel, quien se desempeño como Subsecretario de Planeación en la SEC.
Asegura Secretario de Gobierno que no serán administración persecutora
El Secretario de Gobierno de Sonora Alfonso Salazar Razo, afirmó que su administración no tendrá como característica incurrir en la persecución política ni utilizarán a la justicia como brazo político.
Tras externar su opinión sobre la detención de dos ex funcionarios de la SEC, puntualizó que será la Fiscalía quien lleve el asunto.
“Nuestro gobierno nunca se ha caracterizado, ni se va caracterizar, ni va pasar a la historia por tener una agenda de venganzas políticas, revanchas políticas, no. La Fiscalía tiene sus propios procedimientos, también hay que decirlo, quien comete alguna irregularidad en el desempeño de su responsabilidad está sujeto”, dijo.
Adolfo Salazar mencionó que el gobierno debe ser respetuoso de las determinaciones de los poderes judicial y legislativo.
