EL SOL DE HERMOSILLO
A 11 años del ecocidio más grande en México, persisten demandas por cumplir a los pobladores del Río Sonora, luego del derrame de metales pesados y soluciones químicas que vertió sobre ese caudal la empresa Grupo México, por lo que los pobladores se mantienen en pie de lucha para lograr resultados a su favor en materia de salud, recuperación económica y otros rubros que fueron trastocados por esa contingencia.
En entrevista para El Sol de Hermosillo, la doctora Reina Castro Longoria, investigadora del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora, advirtió que los impactos del derrame del 6 de agosto de 2014 siguen vigentes en la región.
Persisten los daños en salud y medio ambiente por el derrame
Esto tanto en el entorno como en la salud de los habitantes de al menos ocho municipios afectados, donde se ha visto un repunte en el número de personas afectadas por cáncer, que a una cantidad importante les ha terminado por provocar la muerte.
Señaló que, a pesar de los compromisos asumidos por el consorcio minero y el gobierno federal a través del Fideicomiso Río Sonora, la atención a las comunidades ha sido fragmentada, superficial y carente de una estrategia de remediación integral.
“Principalmente son dos ejes que no se cumplieron con las promesas que quienes integraron el Fideicomiso hicieron, al igual que los que llegaron con el cambio de gobierno (federal y estatal). Y esas son el agua y la salud. La descontaminación de tierras, eso, a pesar de ponerlo dentro del ojo, no se ha visto tampoco la certificación de los productos en aquellas tierras”, cuestionó la activista.
Denuncian abandono institucional y uso opaco de recursos
Expuso que en lo que tiene de conocimiento de la situación, más del 90% de los habitantes monitoreados en las comunidades ribereñas presentaron niveles de exposición a metales pesados, como plomo, arsénico, aluminio y cadmio, muy por encima de los límites establecidos por normas nacionales e internacionales, que se traducen en una serie de enfermedades crónicas y degenerativas, entre ellas cáncer, afectaciones neurológicas y problemas en la piel.
En particular, expuso casos de niños que han visto afectada su calidad de vida debido a estos contaminantes. Uno de ellos, en la comunidad de Guadalupe de Ures, presentaba llagas en gran parte del cuerpo, lo que le impedía asistir a la escuela. Otro menor, en La Aurora de Baviácora, fue diagnosticado con un “cóctel” de metales en su cuerpo, lo que le provoca hemorragias nasales constantes y un deterioro físico evidente.
Además del impacto físico, la investigadora también alertó sobre un posible deterioro cognitivo y en el rendimiento escolar de los menores, derivado de la exposición constante a estas sustancias tóxicas.
“Hay quienes reportan que sus hijos ya no rinden igual académicamente, han perdido atención o concentración. Esto también es parte de la afectación invisible del ecocidio”, afirmó.
En cuanto al seguimiento institucional, Castro Longoria denunció que las acciones de las autoridades han sido inconsistentes, dado a que centros de atención como la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora fue cerrada desde 2017, para dejar a las comunidades sin atención médica especializada, ya que tampoco hay brigadas permanentes ni un monitoreo actualizado.
Respecto al uso de los recursos asignados en el fideicomiso original, de 2 mil millones de pesos, indicó que solo se ejercieron alrededor de mil 300 millones, de los cuales una parte importante se repartió en pagos directos a los afectados, pero sin un plan de salud a largo plazo, aunado a que se asignó ciertas cantidades, aún no precisadas, a presidentes municipales, cuyos dineros no fueron bien invertidos o comprobados en qué se utilizaron.
Otro foco de preocupación es la calidad del agua en la región, sobre todo en zonas como El Molinito, ya que indicó que se registran altos niveles de contaminación, y aun así, se sigue trasvasando a Hermosillo para su consumo.
“Es gravísimo. El agua llega con 10 veces más plomo de lo que permite la norma nacional. Esto es un crimen ambiental y sanitario”, advirtió.
A pesar del abandono, las comunidades siguen organizadas y exigiendo respuestas, expuso la académica, quien considera que aún hay posibilidades de lograr justicia, siempre que se mantenga la presión social y se documenten los casos de afectación.
