EL SOL DE HERMOSILLO
Este 6 de agosto se cumplen 11 años del derrame de tóxicos que afectó a 24 mil pobladores.
Han pasado 11 años desde el derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre sobre los afluentes de los ríos Bacanuchi y Sonora, afectando a más de ocho municipios y más de 24 mil pobladores que aún siguen exigiendo justicia, así como remediación.
Un informe de la agrupación civil Comités Cuenca Río Sonora, dirigido a la doctora Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 5 de junio de 2025, puntualiza y detalla las solicitudes más recientes sobre la contingencia ambiental tras las propuestas del Gobierno de México.
Entre los proyectos contemplados por las autoridades mexicanas en el tema de salud se encuentra la ampliación del Hospital Comunitario de Ures, para convertirlo en un hospital de segundo nivel y la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental operará dentro del Hospital de Ures.
Además se realizará equipamiento del hospital, mismo que contará con los protocolos y el personal necesario para su operación, así como con un laboratorio para análisis toxicológicos.
También se llevará a cabo análisis a todas las personas afectadas por el derrame de 2014 (24 mil personas) y los tratamientos a las personas afectadas por la presencia de metales pesados en sangre y tejidos.
Ante estas propuestas, los Comités de Cuenca Río Sonora respondieron con una serie de observaciones y peticiones para que se aclaren con más detalles este rubro específico de la salud.
Señalan que es crucial que la Secretaría de Salud reconozca públicamente las afectaciones a la salud de la población provocadas por el derrame y la contaminación ambiental durante la última década y que los riesgos por la exposición a metales pesados deben ser públicos y divulgados por la propia dependencia para garantizar el derecho a la salud en la región.
El documento también exhibe que un centro especializado de atención a la salud en la localidad de Ures, aunque es vital en este caso, generará complicaciones para atender a un territorio con las dimensiones de la región afectada y con dificultades de movilidad como el Río Sonora.
Un ejemplo que mencionan es la comunidad de Bacanuchi, una de las primeras que resultó impactada por el derrame en el principal río de la zona. Esta localidad se encuentra a casi 200 kilómetros de distancia del hospital propuesto.
Por ellos, solicitan a la secretaria Bárcena Ibarra aclarar cómo y en qué condiciones se realizarán los traslados hacia el nosocomio para asegurar que todas las personas puedan llegar al mismo de manera segura y que, al concluir su atención, puedan volver a sus hogares con la misma seguridad.
Asimismo, piden detallar cómo se realizarán los traslados, con qué autoridades y los requisitos para acceder a este apoyo de movilidad para los pobladores afectados.
“Además del hospital de Ures, ¿se tiene contemplado fortalecer otros centros de salud en comunidades del Río Sonora? ¿Existe algún plan de capacitación a los médicos pasantes de servicio social (MPSS) que atienden en los centros de salud del Río Sonora?”, compartieron los Comités.
Será el próximo 6 de agosto cuando se cumplan los 11 años del impacto ambiental por lo que a estos señalamientos y propuestas solicitan más reuniones con autoridades para avanzar en la remediación del desastre ecológico provocado por el derrame de metales pesados de la mina Buenavista del Cobre propiedad de Grupo México.
Más peticiones y observaciones
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La propuesta debe detallar la ruta para analizar potencialmente 24 mil muestras de sangre y orina en todas las comunidades, contemplar metales como el plomo, manganeso, cadmio, arsénico, cromo, mercurio, y cualquier otro que sea necesario, así como responder a lo siguiente: ¿Cuándo comenzarán estos análisis? ¿Será para las personas que lo vayan solicitando en el hospital? ¿Quién coordinará este proceso? ¿De qué manera los afectados podrán obtener seguimiento y futuras pruebas para asegurar que sus niveles de metales pesados sean cada vez menores?
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¿Se llevará a cabo un programa de exámenes de seguimiento para las personas afectadas? y ¿cuál será la frecuencia de dichos exámenes? ¿Está contemplado crear un plan de monitoreo a largo plazo de los indicadores de salud para las zonas afectadas?
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En procesos anteriores de atención a la salud relacionados al derrame, el personal médico que atendió la UVEAS, así como el que dio seguimiento a los análisis de Cenaprece, mostró poca empatía y conocimiento con los casos en donde se encontraron metales pesados. Este personal señalaba constantemente a las mujeres y a los mismos habitantes como los culpables de estar contaminados por factores ajenos al derrame. Nos preocupa que el personal siga generando estos estigmas sobre las víctimas. ¿De qué manera pueden garantizarnos que la perspectiva de salud ambiental será tomada en cuenta por el personal? ¿Cómo será el mecanismo para señalar los casos de negligencia?
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Sobre la ampliación del Hospital de Ures, ¿quién estará a cargo de coordinar los esfuerzos de toxicología y seguimiento de atención a personas que tengan problemas asociados a la contaminación? ¿Secretaría de Salud de Sonora, IMSS, ISSSTE, SSA?
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Mientras se lleva a cabo la construcción del hospital, para estar listo en uno o dos años como ustedes mencionaron en la reunión, ¿en qué sede alterna adecuada será la atención urgente a la salud con los gastos cubiertos de atención y transporte para las personas que lo requieren actualmente?
