Elisa Alvarez / LVP
El gobierno federal mexicano ha librado una batalla constante para reducir el consumo de tabaco en el país, y la última estrategia para enfrentar el uso de vapeadores y cigarros electrónicos busca elevar las prohibiciones sobre la importación, distribución y comercialización de estos dispositivos a un nivel constitucional. Esto destruiría los amparos que han frenado los dos decretos presidenciales anteriores.
Decretos presidenciales, uno publicado en 2020 y otro en 2022, han enfrentado desafíos legales a través de los amparos promovidos por empresas y asociaciones.
En octubre de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que las prohibiciones para la importación y venta de vapeadores y cigarros electrónicos, estipuladas en dichos decretos, eran contrarias a la Constitución, estableciendo así un precedente legal.
Esto significa que los jueces federales deben conceder amparos a aquellos individuos que buscan importar, distribuir o vender dispositivos de vapeo en México.
Juan José Cirión, presidente de México y el Mundo Vapeando (Mexvap), considera que la nueva iniciativa presidencial consolidaría un mercado negro y dejaría en desventaja a las tiendas reguladas.
Según datos de la Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos 2023, el número de usuarios de vapeadores se ha duplicado en los últimos años, pasando de 975,000 en 2019 a 2.1 millones en 2023.
Otro análisis cromatográfico realizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y citado en la iniciativa, confirmó la presencia de sustancias altamente tóxicas en los productos examinados.
Si bien se considera que los dispositivos electrónicos representan una alternativa menos perjudicial que los cigarrillos tradicionales, organizaciones como la American Cancer Society advierten sobre posibles efectos negativos, como enfermedades pulmonares, cardíacas y cáncer.
