Nuevos gobiernos estatales no presentan continuidad en políticas públicas: Imco

Durante el año en curso, siete de las 15 entidades que tuvieron elecciones en el 2021 retrocedieron en promedio 6 puntos porcentuales en el Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE) del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

De acuerdo con la nueva edición del BIPE, estos resultados reflejan que parte de las nuevas administraciones estatales han presentado dos comportamientos en específico, tanto una falta de continuidad en las políticas públicas, como incapacidad para aprovechar y construir sobre los avances que dejaron los gobiernos anteriores.

Cabe recordar que este índice del Imco tiene como objetivo medir la calidad de la información presupuestal de las 32 entidades federativas, por medio de la verificación del cumplimiento de la contabilidad gubernamental, disciplina financiera y capacidad de transparencia.

Su importancia es que se puedan eliminar condiciones de opacidad y se fomenten buenas prácticas de información presupuestal, y así con los recursos se garantice la ejecución de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.

El estudio refiere que los estados que tuvieron elecciones en el 2021 fueron: Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Baja California Sur, Baja California, Tlaxcala, Campeche, Querétaro, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Colima, Guerrero, Michoacán y San Luis Potosí.

Sobre los que tuvieron el mayor retroceso destaca Sonora, con la administración de Francisco Alfonso Durazo Montaño, con una caída de 19 puntos porcentuales, pues pasó de 96% de cumplimiento en la edición 2021 del BIPE, a 77% en el 2023. Le sigue Zacatecas, gobernada por David Monreal Ávila, con una disminución de 11 puntos, de 97 a 86 por ciento.

También están Chihuahua con la gobernadora María Eugenia Campos Galván, con una caída de 5 puntos porcentuales, de 97 a 92%; Baja California Sur, con Víctor Manuel Castro Cosío, con 3 puntos, de 91 a 81%, Tlaxcala con Lorena Cuéllar Cisneros, con un punto, de 97 a 96 por ciento.

Mientras que Campeche, con Layda Elena Sansores San Román, y Querétaro, con Mauricio Kuri González, bajaron un punto porcentual cada uno, ya que pasaron de 100 a 99 por ciento.

Además, esta caída se suma en un contexto en el que por 15 años la calificación promedio del BIPE aumentó de 53% a 93%, pero en los últimos dos años la transparencia presupuestaria se ha estancado, e incluso, en esta edición retrocedió en 13 estados.

Los tres estados con calificaciones más bajas son Guerrero con 69.8%, Sonora con 76.7% y Michoacán con 78.5 por ciento.

A nivel general, los estados que lograron un puntaje de 100% en el BIPE 2023 son Baja California, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo y Yucatán.

Malas prácticas

El BIPE también mide 116 criterios presupuestales organizados en 10 secciones a partir de la información contenida en los presupuestos de cada estado. Por esta revisión se encontraron tres malas prácticas subnacionales.

La primera de ellas es la coexistencia de múltiples presupuestos, como Durango que tiene tres paquetes presupuestarios asignados para el mismo Poder Legislativo, sin especificar cuál es el correcto.

Segundo, la existencia de presupuestos fantasmas, en estados como Morelos, donde el anexo transversal para la igualdad de género tiene programas presupuestarios que no tienen recursos asignados para el 2023. “Esto deja sin recursos programas que incluyen la protección de derechos humanos, diversidad sexual, inclusión de jóvenes y educación”.

Otro punto es la publicación de presupuestos ilegibles, “como en Zacatecas, donde los anexos del presupuesto cuentan con 50 páginas imposibles de leer, lo que obstaculiza conocer los salarios de los servidores públicos del estado”.

Sin adoptar lenguaje establecido

Imco también resaltó que los estados siguen sin adoptar el lenguaje establecido para la elaboración y publicación del presupuesto, “a pesar de los esfuerzos realizados por el Consejo Nacional de Armonización Contable por transparentar y armonizar el reporte de las finanzas públicas”.

“Por ejemplo, los estados publican las asignaciones de los poderes públicos de forma diferenciada y discrecional. Estados como Baja California y el Estado de México publican sus presupuestos con diversas partidas y niveles de desglose”, reitera la publicación.