Tomado de: La Jornada
Luego de las tensiones de Grupo México de Germán Larrea -el segundo hombre más rico de México y América Latina con una fortuna acumulada de 28 mil 800 millones de dólares- con el gobierno federal por la recuperación de los tramos ferroviarios concesionados a Ferrosur, subsidiaria de dicho corporativo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el magnate pidió 9 mil 500 millones de pesos a cambio de regresar esas vías ferroviarias a la nación.
Pero ¿quién es Germán Larrea y Grupo México?
Desde 1999, fecha en la que Germán Larrea heredó el control total de Grupo México tras la muerte de su padre Jorge Larrea Ortega, el corporativo ha sido señalado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de ser responsable de al menos 14 desastres ambientales de los cuales destacan el derrame de de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi en 2014 y el derrame de cianuro, sulfato de cobre y sulfato de zinc en 2019 al mar de Cortés, que pertenece a la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California por su riqueza ambiental y biodiversidad.
Asimismo la compañía ha sido señalada por organizaciones de trabajadores y por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de violaciones a derechos laborales y reglamentos de seguridad que condujeron a las tragedias de Pasta de Conchos en 2006, donde 65 trabajadores perdieron la vida; así como el accidente en la mina Charcas en San Luis Potosí en 2016, donde 5 trabajadores perdieron la vida.
Grupo México es la empresa minera más grande del país, así como la primera productora de cobre en México y Perú. A nivel mundial se encuentra como la cuarta productora de este mineral con 1 millón 6 mil 934 toneladas, según el informe anual de 2022 por parte de la compañía.
En la propia página web del corporativo se especifica que tiene presencia en México en diversos sectores: en transporte con sus subsidiarias Ferromex y Ferrosur controla 9 mil 953 kilómetros de los 19 mil 120 kilómetros de vías ferroviarias concesionadas a privados; en entretenimiento cuenta con Cinemex con 279 complejos repartidos en 79 ciudades del país; en infraestructura ofrece servicios de ingeniería, construcción, generación de energía, así como perforación terrestre y marina, incluyendo arrendamiento y operación de plataformas petroleras a través de sus subsidiarias.
Asimismo, Grupo México ha anunciado su participación en proyectos inmobiliarios. Por lo que en total cuenta con 16 subsidiarias que se dividen en los sectores mencionados anteriormente.
Mina Pasta de Conchos de Grupo México
El 19 de febrero de 2006, la mina número 8 de Pasta de Conchos en Coahuila registró una explosión por la acumulación de gas metano, 65 de los 73 obreros que se encontraban trabajando en ese turno quedaron sepultados por el derrumbe. Las labores de rescate quedaron bajo el mando de Grupo México, que suspendió esta tarea después de haber recuperado únicamente dos cuerpos el 4 de abril de 2007.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador reanudó en septiembre de 2021 los trabajos de rescate de los cuerpos de 63 trabajadores que aún están sepultados. La Comisión Federal de Electricidad es la encargada de coordinar las labores de rescate en colaboración con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Luisa María Alcalde, titular de la STPS, confirmó el pasado 30 de mayo del año en curso que se estima que para octubre se culmine la construcción de lumbreras y rampas que llegarán al punto donde quedaron sepultados los cuerpos. Por lo que la búsqueda en esa zona comenzará a principios del 2024.
La mina tenía varios reportes de fallas de seguridad desde el año 2000. Esto quedó plasmado en la última inspección que realizó la STPS, el 12 de julio de 2004, pues detectó 43 violaciones directas a las normas de seguridad e higiene. En consecuencia la autoridad competente ordenó 48 medidas, una gran mayoría de extrema urgencia.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la recomendación 26/2006 determinó que
“los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social toleraron que la referida empresa funcionara en condiciones que no garantizaban íntegramente la salud y la vida de los trabajadores”
Los familiares de los trabajadores atrapados en la mina exigieron la recuperación de los cuerpos. Esta tarea quedó a cargo de la propia compañía de Germán Larrea. El 4 de abril de 2007, el corporativo decidió suspender las labores de rescate tras recuperar únicamente dos cuerpos. Su justificación fue que esta tarea ponía en riesgo la vida de los rescatistas.
Históricamente en México sólo se tiene registro de dos tragedias mineras en las que se haya negado el rescate de los cuerpos de los trabajadores: en 1973, la de un ingeniero, y Pasta de Conchos, en ambos casos, Grupo México es la parte patronal.
Los familiares de los trabajadores atrapados llevaron sus denuncias a todas las instancias judiciales en el país. En todas ellas rechazaron sus argumentos para rescatar los cuerpos o el castigo a los responsables. Así lo denunciaron los propios familiares que tuvieron que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2010.
La CIDH analizó las pruebas de ambas partes y en 2018 dio la razón a los familiares. Argumentó que
“no se han determinado las causas de la explosión, la presunta responsabilidad de servidores públicos ni se han recuperado los cuerpos de los trabajadores mineros, además de que, al tratarse de un delito perseguible de oficio, es el Estado quien tiene el deber de impulsar el proceso”
En octubre de 2020, el presidente López Obrador asistió a la mina Pasta de Conchos y firmó el Acta Compromiso para el Rescate Integral con el propósito de excavar y recuperar los cuerpos de los 63 trabajadores aún sepultados. La CFE planteó que las obras de rescate pueden tomar de cuatro a ocho años.
Asimismo, el presidente aseguró que no habrá límite en el presupuesto para consolidar este compromiso que también involucra la indemnización a los familiares, mantener la mina como un memorial en recuerdo a los que han perdido la vida en las minas y el mejoramiento de la localidad Nueva Rosita y el municipio de San Juan de Sabinas con obras a cargo de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
La CNDH ha resaltado que, desde que se anunció la reanudación del rescate de los cuerpos, Grupo México no ha mostrado interés en ofrecer su apoyo económico.
Desastre ecológico en el río Sonora y Bacanuchi
El 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, derramó 40 millones de litros de lixiviados de sulfato de cobre acidulado en el Arroyo Tinajas, fluyendo desde los ríos Bacanuchi y Sonora hasta la presa Molinito, que surte de agua a la ciudad de Hermosillo.
La Comisión para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) identificó que el derrame causó la afectación de cuatro cuerpos de agua. Asimismo, las concentraciones de cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, hierro, manganeso y plomo encontrados a lo largo de los ríos rebasaron los límites establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994.
Dependencias gubernamentales emitieron medidas de restricción para que la población no utilizara agua del río, así como de los 322 pozos y norias, de los cuales 125 eran de uso agrícola; 80 pecuario; 72 de urbano-agua potable y 45 de diversos usos, ubicados a medio kilómetro de cada margen del río.
Los habitantes de los municipios afectados han reportado que padecen tumores, leucemia, alergias y otras afectaciones de salud derivadas a la presencia de los desechos tóxicos en el medio ambiente.
Después de ocho años de la tragedia, el 8 de abril de 2022, el gobierno federal dio a conocer los datos que había negado la administración de Enrique Peña Nieto sobre los niveles de contaminación en el Río Sonora y Bacanuchi así como en los habitantes aledaños al raudal.
Gracias a los datos entregados por la Secretaría de Salud y el Centro nacional de Control de Enfermedades (Cenaprece) se pudo identificar que, de una muestra de 650 afectados en ocho municipios, 95 por ciento de la población analizada tiene plomo en la sangre; un 50 por ciento tiene arsénico y el 79 por ciento cadmio.
El mismo año de la publicación del resultado de los análisis a 650 personas de ocho municipios afectados, la Secretaría de Medio Ambiente señaló que Grupo México llevaba 11 años operando sin un plan de manejo de residuos peligrosos.
Los Comités de Cuenca Río Sonora cuantificaron que las pérdidas económicas han sido de 10 mil 200 millones de pesos. Cifra que triplica lo reconocido por la administración de Enrique Peña Nieto. Por su parte, la compañía de Germán Larrea creó el fideicomiso Río Sonora por la cantidad de 2 mil millones de pesos. Dichos recursos serían destinados a un plan de reparación de daños.
Sin embargo, un trabajo periodístico de Shaila Rosagel demostró que 536 millones 382 mil 249 pesos del Fideicomiso de Río Sonora fueron destinados a alcaldes panistas y priistas de siete municipios, así como a sus familias. Dicha cantidad también se repartió a varios políticos del PAN y PRI de renombre y peso en Sonora, de acuerdo con la información entregada por la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
Para atender a la población afectada, Grupo México se comprometió a construir 36 plantas potabilizadoras para resanar los daños provocados. Mientras se construían estas plantas, la empresa entregó 15 mil 350 pesos a las familias afectadas para la compra de agua. Sin embargo, sólo se abrieron 3 plantas y hasta 2019 cada familia afectada invirtió más de 51 mil pesos para comprar agua embotellada, lo cual ha sido documentado por el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder).
En este sentido, se destinaron casi 185 millones de pesos para la compra e instalación de 10 mil tinacos para almacenar el agua proveniente de las plantas potabilizadoras. Una de las empresas encargadas de esta tarea fue Rotoplas, de Carlos Rojas Mota Velasco, primo de Germán Larrea, que recibió 5 millones 502 mil pesos para esta labor.
Asimismo la compañía de Larrea se comprometió a construir una clínica para dar seguimiento a los problemas sanitarios que presentaran los afectados. Pero este proyecto no se concretó. Y el único centro de salud que se encontraba antes del derrame, el cual era atendido por un pasante de medicina, cerró en 2017.
Según los Comités de Cuenca Río Sonora este desastre ecológico afectó la vida, las cosechas y el ganado de unas 22 mil personas, en siete municipios en la cuenca del Río Sonora: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures. Sin embargo, el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder) argumenta que los daños podrían alcanzar hasta un millón de personas si es que la contaminación alcanzó la Presa El Molinito, que a su vez se conecta con la Presa Abelardo L. Rodríguez, principal fuente de agua de Hermosillo.
Por su parte, la administración de Andrés Manuel López Obrador anunció en 2021 el Plan Integral de Acción para Cananea, donde está incluida la remediación del derrame por Grupo México. Asimismo, el presidente ha reconocido que es una tarea muy difícil pero aunque tarde, la justicia llegará.
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