Acercamiento estadístico a la desaparición de personas en México: guerra sucia y guerra contra el narcotráfico

La noche del 26 de septiembre de 2014, patrullas de las policías de Iguala y del estado de Guerrero persiguieron —desde la Terminal Central del municipio— a cinco autobuses previamente capturados por alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Tixtla de Guerrero, y los detuvieron en dos puntos diferentes. En la esquina de Juan N. Álvarez y Periférico Norte, el grupo más nutrido de estudiantes fue discrecionalmente atacado —a la vista del 27.° Batallón de Infantería— por elementos de ambas corporaciones, y en la Carretera Federal Iguala-Chilpancingo, a la altura del Palacio de Justicia, policías federales le marcaron el alto al par de camiones en que escapaba el resto del estudiantado. La toma “ilegal” de los autobuses (que como todos los años servirían para transportar a los normalistas a la marcha del 2 de octubre en la capital del país), terminaría con la vida de tres alumnos y tres civiles, al menos 29 personas heridas por arma de fuego y, la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El esclarecimiento de aquella trágica noche revelaría que, por complicidad u omisión de las autoridades gubernamentales, la privación de la libertad de los 43 corresponde a una práctica atemporal y sistémica de desaparecer personas a nivel nacional. En el pasado, las detenciones extrajudiciales de la guerra sucia (1964-1990) sirvieron para disolver las protestas estudiantiles y gremiales opuestas al verticalismo del Estado mexicano, y en la actualidad, la guerra contra el narcotráfico (desde 2007) incluye también la participación de actores del orden civil: la delincuencia organizada. Con aproximadamente 100 000 personas desaparecidas y una crisis de derechos humanos propia de países en conflicto bélico, en este texto se analizan estadísticamente las desapariciones de personas en México (forzada y cometidas por particulares), publicadas por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), cuya “ausencia se relaciona con la comisión de un delito” (se excluye, por tanto, a las personas “no localizadas”).

Guerra sucia

Aunque la desaparición de personas en América Latina se asocia automáticamente con las dictaduras militares de Argentina y Chile entre 1970 y 1990, los primeros individuos privados de su libertad por “motivos políticos” en el México contemporáneo hacen mella durante las tensiones internacionales de la guerra fría. En estos años el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI) “asumió una ambigua postura anticomunista” que, “bajo [una] lógica de seguridad interna”, “puso en práctica estrategias de contrainsurgencia” en aquellos territorios “donde emergieron grupos armados socialistas”.1 Con total impunidad, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y de seguridad pública asesinaron y desaparecieron, al amparo de los medios de comunicación, tanto a manifestantes estudiantiles de la capital del país —la Matanza de Tlatelolco es su caso insigne—, como a grupos y líderes guerrilleros del sureste nacional —el Partido de los Pobres y Lucio Cabañas en Guerrero—.

Entre las fuentes documentales de la época, las diligencias del entonces procurador general de la República, Óscar Flores Sánchez, concluyeron que a finales de la década de 1970 “había [en Guerrero] un aproximado de 314 personas desaparecidas”.2 Para 1979, Flores Sánchez precisó, en conferencia de prensa, que 154 de las 314 víctimas —no se catalogaban como desapariciones forzadas— habrían “muerto en enfrentamientos con las fuerzas del orden”; ipso facto: “sentó el precedente de las estrategias represivas utilizadas por el Estado mexicano para exterminar a los núcleos [subversivos]”.3 En detrimento de la “verdad histórica” del exprocurador, el Informe Carpizo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció: (i) la desaparición forzada de personas en Guerrero durante la década de 1970; y (ii) el uso oficioso de los cuarteles militares como cárceles o centros de interrogación para los civiles detenidos.

Con base en consultas repetidas del portal del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la CNB, la hecatombe bautizada como guerra sucia contabiliza su primera desaparición forzada (entiéndase como realizada(s) “con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de” agentes del Estado) hacía junio de 1971. A partir de entonces y hasta 1990 (año que el actual Gobierno marca como el fin del periodo), la CNB registra 88 desapariciones forzadas: 85 (97 %) en la década de 1970, y tres más (3 %) en la década de 1980. Por sexenios presidenciales, la Figura 1 muestra que el 77 % de estos delitos ocurrió bajo el mandato de Luis Echeverría Álvarez (en promedio, 14 por año) y 23 % con José López Portillo (cuatro por año). Como habría de suponerse, el 71 % de las víctimas, que en su mayoría son hombres de entre 20 y 24 años, fueron desaparecidas en Guerrero, 9 % en Ciudad de México, 8 % en Sinaloa y, finalmente, seis entidades más.

Tomando en cuenta el total de desapariciones forzadas y las cometidas por particulares (el RNPDNO divide a estas últimas en nueve categorías delictivas),4 desde marzo de 1964 la guerra sucia acumula 905 personas desaparecidas: 10 (1 %) con Gustavo Díaz Ordaz (en promedio dos por año), 551 (61 %) con Echeverría Álvarez (92 por año), 268 (30 %) con López Portillo (45 por año), y 56 (6 %) con Miguel de la Madrid Hurtado (nueve por año). El 89.9 % de estas 905 víctimas eran hombres, y la cohorte de 20 a 24 años vuelve a ser la más frecuente. En términos geográficos, Guerrero (56 %), Ciudad de México (11 %) y Sinaloa (6 %) concentran el mayor número de personas desaparecidas. La Figura 5 muestra que, aun si se considera el tamaño de la población de cada entidad (año base 1990), la tasa de desapariciones por cada 100 000 habitantes de Guerrero (19.3) es significativamente mayor que la del resto de las entidades.

El 10 de diciembre de 2021 el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, instaló la Comisión de Acceso a la Verdad por Violaciones a DDHH 1965-1990 en presencia de sobrevivientes, familiares y colectivos de la contrainsurgencia. Conformada por cinco expertos independientes, la iniciativa pretende investigar y hacer justicia sobre las violaciones a derechos humanos —incluida la desaparición de personas—, durante el período referido: “Saber qué sucedió, cómo se dieron los hechos, quiénes fueron los responsables, conocer la verdad [antes de que concluya el sexenio]”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, profesionales en la materia consideran que las acciones de la Comisión —al estar concebida a partir de un decreto y no una ley— pueden estar supeditadas por: (i) la falta de presupuesto claro; (ii) la dependencia directa de la Secretaría de Gobernación (Segob), y (iii) la voluntad política de los funcionarios públicos.

Guerra contra el narcotráfico

La declaración de guerra contra los cárteles de las drogas por parte del Estado mexicano tiene cabida durante los Gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) posteriores al unipartidismo del priato: Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). El 16 de septiembre de 2005 (día de asueto nacional), el director de Seguridad Pública de Michoacán, Rogelio Zarazúa Ortega, fue asesinado a balazos en presencia de su equipo de escoltas —un acto inverosímil debido al cargo que ostentaba—, por al menos cuatro sicarios armados con fusiles de alto asalto (R-15) mientras celebraba su cumpleaños en un restaurante de Morelia, capital de la entidad. Los días siguientes, el gabinete de Fox Quesada anunciaba la implementación del programa policiaco México Seguro en Michoacán, que ya tenía bajo jurisdicción de las fuerzas de seguridad pública federal —además de Nuevo Laredo, Tamaulipas—, las localidades de Aguililla y Apatzingán.

El 7 de septiembre de 2006, un grupo de encapuchados arrojó cinco cabezas humanas sobre la pista de baile de una discoteca en Uruapan con el narcomensaje: “La Familia [Michoacana] no mata por dinero, no mata mujeres, no mata inocentes, muere quien debe morir, sépalo toda la gente”. En este contexto de violencia, Calderón Hinojosa declaró el 3 de enero de 2007 —lo que para muchos solo era una estrategia política que pretendía legitimar su polémico triunfo sobre López Obrador— la guerra contra el narcotráfico; es decir: se rompió la pax narca que buscaba “detener [con las FF.AA.] el avance de la delincuencia [organizada]”. Cuatro meses después de “ajetreado el avispero” —palabras del entonces subprocurador de Morelia Ignacio Mendoza Jiménez tras el arribo de La Policía de Fox a Michoacán—, el Ejército mexicano sufría sus primeras bajas: cinco militares murieron tras una emboscada en la región de Tierra Caliente, cerca de Guerrero y el Estado de México.

Durante los últimos 16 años (1 de enero de 2007 al 31 de enero de 2023), la guerra contra el narcotráfico contabiliza 467 desapariciones forzadas: 54 (12 %) con Calderón Hinojosa (en promedio nueve por año), 91 (20 %) con Enrique Peña Nieto (15 por año), y 322 (69 %) con López Obrador (77 por año). Con el 89.3 % de la muestra conformada por hombres (1.6 % menos que en la guerra sucia), el 27 % de dichas desapariciones (20 a 24 años la cohorte de edad más frecuente) fueron realizadas en Sinaloa, 24 % en Tamaulipas, 8 % en Zacatecas y, finalmente 22 entidades —sin incluir a Aguascalientes, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán— tienen porcentajes inferiores al 7 % cada una. De las 467 víctimas ya referidas, 27 son de procedencia extranjera: Cuba (10 personas), Perú (cinco), Estados Unidos, Guatemala e India (tres cada uno) y, Canadá, Colombia y Nicaragua (una cada uno).

Si sumamos las desapariciones forzadas (467) y las cometidas por particulares (81 097) desde 2007, 19 % del total de 81 564 desapariciones ocurrieron en el sexenio de Calderón Hinojosa (en promedio 2666 por año; lo que equivale a siete al día), 41 % en el de Peña Nieto (5581 por año; 15 al día), y 40 % en lo que va del de López Obrador (7748 por año; 21 al día). Con el 75.6 % de la muestra conformada por hombres (el porcentaje más bajo de todas las series consultadas), el mayor número de desapariciones (25 a 29 años la cohorte de edad más frecuente) fueron realizadas en Jalisco (16 %), Tamaulipas (13 %) y el Estado de México (8 %). Al considerar el tamaño de la población de cada entidad (año base 2020), Tamaulipas, Jalisco y Sinaloa tienen las tasas por cada 100 000 habitantes más altas, con 299, 153 y 149 personas desaparecidas, respectivamente. De nueva cuenta, 1695 individuos de 28 nacionalidades extranjeras fueron desaparecidos en México entre enero de 2007 y enero de 2023.

Al unificar las bases de datos de la guerra sucia, la guerra contra el narcotráfico y los 16 años que transcurren entre ambas, la CNB reconoce, oficialmente, 605 desapariciones forzadas y 96 548 desapariciones cometidas por particulares. En el primer caso el récord histórico le pertenece al año 2021 con 111 registros (23 más que el total acumulado en toda la guerra sucia); en el segundo, 2019 lidera las estadísticas con 8 881 víctimas (equivalente a desaparecer 24 personas cada día). El porqué han aumentado las desapariciones durante la “política de pacificación” de López Obrador puede deberse a: (i) la reciente tipificación de ambos delitos en 2017, lo que conlleva a su mejor contabilización en los últimos años (la calidad de la información, por ende, parece decrecer conforme se retrocede en el tiempo); y (ii) la militarización de actividades del orden civil (como la seguridad pública), para las cuales las FF.AA. no fueron —ni han sido— preparadas.

Comentario final

El 12 de mayo de 2019, Alexander Emanuel López Rodríguez y un grupo de personas que le acompañaban detuvieron, por unos instantes, la caravana presidencial de López Obrador, que visitaba el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Con la prensa local como testigo, el joven de 24 años le pidió, en voz propia, ayuda al titular del Ejecutivo ante una serie de amenazas de muerte que había estado recibiendo los últimos meses por la disputa de unas tierras: “Te van a ayudar… Ve con el gobernador, él te va a atender”, se le escucha decir al mandatario. Cinco días después del encuentro, y ante la negativa de la oficina de Antonio Echevarría García de recibirlo el 13 de mayo (le dieron cita para quince días después), López Rodríguez fue secuestrado por “gente que vestía unos uniformes ‘parecidos al de los marinos’”: “Lo bajaron [de su automóvil], lo esposaron y lo metieron en la cajuela de una camioneta”, relata su abuela, la señora Francis Vázquez.

Lejos de toda excepcionalidad, la historia de Alexander Emanuel ejemplifica a la perfección el modus operandi de corrupción e impunidad que las autoridades gubernamentales ejercen sobre las personas desaparecidas. En términos generales, los individuos privados ilegalmente de su libertad atraviesan —de facto— por los siguientes abusos del poder público: (i) la propia detención del individuo por agentes del Estado o particulares; (ii) la nula investigación del delito ya sea porque los funcionarios a cargo están coludidos con los perpetradores, o bien, porque están bajo amenaza de no hacer su trabajo, y (iii) la criminalización de las personas desaparecidas al ponerse en duda su calidad de víctimas. En el ámbito local, el caso de Ayotzinapa retrata con creces la emergencia de desapariciones que atraviesa el país, pues a más de ocho años de consumados los hechos, las familias de los normalistas siguen sin conocer el paradero de sus hijos.

Con la visita del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) del 15 al 27 de noviembre de 2021, el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que: (i) las desapariciones continúan siendo generalizadas a nivel nacional; (ii) los agentes públicos de los tres niveles de gobierno y los actores no estatales son los principales causantes, y (iii) la impunidad es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de dichos delitos. Los hallazgos del CED, de alguna manera, son consistentes con la evidencia estadística aquí presentada, ya que el máximo histórico de desapariciones forzadas tiene lugar, precisamente, el mismo año que el grupo de especialistas visitó el país. Finalmente, cabe decir que, si con los gobiernos panistas y del PRI (re)surgió la crisis de desapariciones en México, la situación actual no puede entenderse, únicamente, como una herencia del pasado, sino más bien como una herida del presente que impide la “transformación” de nuestra vida pública.

—No hay transformación con desaparición —Madres Buscadoras de Sonora.

Óscar Pérez-Laurrabaquio

Economista