El motivo de la reunión fue para agilizar las negociaciones sobre los salarios caídos de los mineros de Cananea
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con los dirigentes nacionales del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares en San Carlos, Sonora, para agilizar las negociaciones sobre los salarios caídos de los mineros de Cananea.
Heriberto Verdugo Martínez, uno de los líderes del sindicato de la sección 65, señaló que la propuesta del titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque Palazuelos, de pagar 40 mil dólares a cada trabajador, luego de 16 años de salarios causados por la huelga, es inadmisible.
Heriberto Verdugo informó que le hicieron una contraoferta al presidente de la República para que se tome como punto de partida y e iniciar las negociaciones del acuerdo alzando por las viudas Pasta de Conchos y el Gobierno de México.
Verdugo Martínez señaló que los mineros quieren que en las negociaciones se involucre al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ya que no están cómodos que las negociaciones sean conducidas por Enrique Irazoque Palazuelos.
En el evento le entregaron una carta al presidente en la detalla que lo que les sucedió es una injusticia y como el presidente señaló que su gobierno ayudaría a los trabajadores mineros, solicitan a López Obrador su “pronta y justa intervención”.
La mina Cananea tuvo muchos dueños y empresas que se encargaron de su administración, pero en 1990 Grupo México se hizo cargo con la denominación de Buenavista Cobre, pero la empres ha tenido desastres medioambientales y laborales.
En 2007 la sección 65 del sindicato inició un paro laboral porque los trabajadores estaban en contra de que la empresa monetizara cinco por ciento de las acciones del fideicomiso de los trabajadores, lo que equivalía a 55 millones de dólares. Entre 2007 y 2009 las instalaciones fueron tomadas por la fuerza y destruidas.
En 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la huelga era ilegal, por lo que ordenó la liquidación del personal según la Ley Federal del Trabajo, además terminó con la relación laboral del sindicato minero sección 65.
