Nueva barrera fronteriza de Ducey amenaza hábitat frágil de Arizona, dicen activistas

BOSQUE NACIONAL DE CORONADO — El gobierno de Estados Unidos y ambientalistas de Arizona, están luchando contra el esfuerzo continuo del gobernador Doug Ducey para amurallar secciones de la frontera del estado con México utilizando contenedores metálicos de envío comprados por el estado.

El contratista del estado está apilando los depósitos de carga de acero en una línea que se extiende hacia el oeste desde las montañas Huachuca, un área conocida por albergar periódicamente jaguares y ocelotes en peligro de extinción que se trasladan fuera de México. Esa es una de las razones por las que el Centro para la Diversidad Biológica, con sede en Tucson, buscó y obtuvo la semana pasada el permiso de un juez para participar en el caso en oposición a una demanda que presentó el gobernador en busca de la aprobación retroactiva de su plan.

Los defensores del medio ambiente temen que los contenedores destruyan importantes corredores de migración para especies más grandes y bloqueen completamente el movimiento de pequeñas criaturas que pasan entre el muro de tubos que el gobierno federal ha construido en otras partes de la frontera de Arizona. El centro aseguró que su intervención legal le permitirá mostrar el “daño extenso” del muro a los hábitats, e instó al gobierno federal a actuar rápidamente para bloquear la construcción.

“Ese muro está dañando especies en peligro de extinción mientras hablamos”, afirmó Russ McSpadden, un defensor de la conservación del grupo del suroeste. Como evidencia, proporcionó imágenes de video de un ocelote capturado por cámaras de detección de movimiento a menos de 2 millas al norte del nuevo muro en el 2018 y 2019. Bloquear el camino hacia y desde México evitaría el restablecimiento de una población que se reproduce al norte del borde.

El consentimiento del juez significa que el centro puede unirse como demandado en el requerimiento del gobernador. Ducey acudió a los tribunales para justificar la construcción en tierras federales con el argumento de que la administración Biden está sometiendo a Arizona a la delincuencia y el contrabando al no asegurar la frontera. Mientras tanto, los fiscales federales presentaron una moción para desestimar el caso del gobernador.

El Departamento de Emergencias y Asuntos Militares del Estado ya ha construido un muro de 3 mil 800 pies de largo en tierras federales y tribales cerca de Yuma, sin permiso federal para hacerlo, y ahora está trabajando en un tramo de 10 millas al suroeste de Sierra Vista. Este último se encuentra en tierras públicas administradas por el Servicio Forestal de Estados Unidos y si se dejaran en su lugar, bloquearía numerosos drenajes que fluyen de acuerdo a las estaciones y corredores de migración de vida silvestre.

“Si bien los problemas en la frontera internacional con México son difíciles, traspasar y dañar las tierras de Estados Unidos, violar la ley federal y usurpar y obstruir la jurisdicción y las misiones de las agencias federales, no son la solución”, escribió el fiscal federal Gary Restaino en el moción del gobierno para desestimar la demanda de Ducey.

McSpadden ha visitado el sitio semanalmente desde que comenzó el trabajo, reuniendo evidencia fotográfica del muro y el daño a los recursos y enviándola a los funcionarios del Servicio Forestal. Los trabajadores han ensanchado caminos de terracería, demolido decenas de robles y bloqueado pequeños pero importantes riachuelos, donde crecen especies de plantas necesarias como la umbela de agua Huachuca.

“Los contenedores de metal están destrozando uno de los lugares más hermosos de Arizona”, señaló.

Ducey culpa al relajado control federal

Doug Ducey, el gobernador republicano que deja el cargo el próximo mes, demandó al Servicio Forestal y la Oficina de Reclamación de Estados Unidos en octubre, afirmando que el estado, y no esas agencias u otros funcionarios federales, debería tener autoridad sobre una estrecha franja de tierra a lo largo de la frontera.

El Bosque Nacional Coronado se extiende a lo largo de una zona al sur de Sierra Vista y al oeste de la Cordillera Huachuca, donde los contratistas han levantado varias millas de contenedores este mes. La Oficina de Reclamación administra un tramo separado donde el estado pagó previamente para erigir un muro de contenedores a lo largo del Río Colorado en Yuma.

Un punto de discordia es una franja de 60 pies reservada en 1907 por razones de seguridad a lo largo de las tierras públicas que tocan la frontera en Arizona. El presidente Theodore Roosevelt proclamó que debería permanecer libre de obstrucciones para permitir la aplicación de la ley contra el contrabando. Esta “Reserva de Roosevelt” generalmente ha permitido allí el control fronterizo federal, no estatal. El gobernador argumenta que la proclamación fue inconstitucional porque carecía del respaldo del Congreso y que el estado debería al menos tener “jurisdicción concurrente” en esa tierra.

La representación legal del gobernador culpa del crimen del sur de Arizona a la falta de control fronterizo federal y argumenta que el estado no podía esperar la asistencia federal para asegurar la frontera.

“El gobernador Ducey ha tomado medidas cuando el gobierno federal ha fallado… para prevenir el peligro inminente de tales crisis y un mayor agotamiento de los recursos del Estado”, según su denuncia presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Phoenix.

El Departamento de Emergencias y Asuntos Militares del Estado ha liderado el proyecto de 95 millones de dólares. Las pruebas presentadas con la demanda muestran que el personal de su División de Manejo de Emergencias había tratado de coordinarse con el Supervisor del Bosque Nacional de Coronado, Kerwin Dewberry. El supervisor le escribió al director del departamento, Allen Clark, en octubre, reiterando que el estado no estaba autorizado para completar el trabajo sin solicitar un permiso de la agencia. En aquel momento, escribió que su personal había sido testigo de 22 contenedores colocados en terrenos forestales.

Al ser contactada el martes pasado para hacer comentarios, la oficina de Dewberry se negó a responder preguntas sobre el proyecto, su posible daño a los recursos y cualquier esfuerzo de la gerencia para detenerlo. El personal remitió a la sede nacional del Servicio Forestal, que se negó a comentar mientras el litigio esté pendiente.

Continúan los trabajos en la barrera de contenedores

El miércoles, el personal forestal emitió un comunicado de prensa en el que aconsejaba a las personas que se mantuvieran alejadas porque los contenedores metálicos de envío pueden crear un peligro para la seguridad.

“El Servicio Forestal ha informado al Estado que la presencia de los contenedores es ilegal”, según el comunicado de la agencia. “Hasta que se resuelva la situación, los visitantes del Bosque Nacional Coronado, incluidos aquellos que buscan recrearse, cazar o recolectar leña, deben abstenerse de ingresar al área donde se llevan a cabo las actividades del Estado o tener precaución al viajar al área”.

No hubo evidencia de que la agencia haya tratado de cerrar el área para detener la construcción, y McSpadden expuso que no se ha encontrado con el personal del Servicio Forestal en sus salidas semanales para documentar la actividad.

Antes de que Ducey presentara la demanda, Dewberry le había pedido al estado que se abstuviera de colocar más contenedores sin obtener la debida autorización. Pero cuando el periódicoThe Arizona Republic visitó el sitio a finales de noviembre, las cuadrillas habían extendido una línea de contenedores en doble fila a lo largo de las primeras 3 millas más o menos de lo que la demanda del gobernador dice que será un tramo de 10 millas.

Los camioneros los seguían desde un patio de maniobras al norte de Sierra Vista y los operadores de equipos pesados continuaban colocándolos y apilándolos a un ritmo de varios contenedores por hora, levantándolos uno encima del otro con cadenas sujetas a las agarraderas de grandes excavadoras y luego empujando los pares en su lugar. .

‘Esto es un truco político’

El valle de pastizales que se extiende desde las Huachucas hasta la Cordillera de la Patagonia más cerca de Nogales, no se incluyó en la construcción del muro fronterizo federal de la administración Trump. Pero la frontera ya estaba cercada con barreras de acero que dan a la altura de la cintura y que consisten en rieles soldados que impiden el tráfico de vehículos pero no el de peatones, y no deja pasar la mayoría de las especies de vida silvestre.

El sitio, que se extiende hacia el oeste desde las estribaciones del Coronado National Memorial, se ondula con lechos de arroyos secos que cruzan y, a veces, vuelven a cruzar la frontera, vías fluviales que pueden brotar con fuerza durante las tormentas monzónicas. Las cámaras activadas por movimiento colocadas por conservacionistas han demostrado que estos arroyos secos, con bancos de robles, son senderos de vida silvestre activa.

Son menos activos que los corredores de contrabando, según fotos tomadas por las cámaras de investigación de Sky Island Alliance en los últimos años. El grupo tiene un permiso del Servicio Forestal para dejar cámaras en el paisaje para su investigación sobre los cruces de vida silvestre.

“Este es un truco político”, aseguró Eamon Harrity, gerente del programa de vida silvestre de Sky Island Alliance.

Para la organización de Harrity, que se enfoca en la salud y la interconectividad de los hábitats montañosos en el sur de Arizona y Sonora, la extensión que ahora cruzan los contenedores metálicos de envío del gobernador es una zona crítica. El Valle de San Rafael, y las cordilleras de Huachuca y Patagonia que lo limitan, se encuentran entre los únicos tramos de la frontera de Arizona que aún están abiertos a la vida silvestre errante. Por esa razón, Sky Island Alliance ha pasado los últimos tres años colocando y monitoreando las cámaras detectoras de movimiento en una cuadrícula. La idea es documentar una línea de base de la actividad de la vida silvestre y lo que podría bloquearse si el muro del gobierno federal alguna vez se extendiera hasta allí.

Defensores: Las barreras son más efectivas para bloquear la vida silvestre que a las personas

Este ocelote macho fue fotografiado por una cámara de rastreo el 14 de enero en el área de las Montañas Huachuca en el sur de Arizona. Las autoridades dicen que el mismo gato ha sido fotografiado en el pasado.

Con un muro preexistente que se extiende hacia el este desde Huachucas hasta Nuevo México, la zona dentro y alrededor del Valle de San Rafael sigue siendo una de las mejores alternativas para que los jaguares y ocelotes en peligro de extinción se desplacen entre las poblaciones centrales de México y su área de distribución histórica pero generalmente desocupada en Estados Unidos.

Las cámaras de Sky Island Alliance han detectado una amplia variedad de vida silvestre en la frontera, incluidos osos negros, pizotes, colas anilladas, puercoespines, zarigüeyas, tres tipos de ciervos, incluida la subespecie Coues, y cuatro especies de zorrillos. Los gatos monteses y los coyotes aparecen con frecuencia.

“Es un paisaje muy rico, un ambiente rico con una combinación de especies que es única”, señaló Harrity.

Las especies en riesgo, jaguares y ocelotes, son de particular preocupación, tanto ecológica como legalmente. El terreno en el lado estadounidense de la frontera está designado por el gobierno federal como hábitat crítico para proteger a los grandes gatos que deambulan por allí.

Un mirador panorámico sobre Montezuma Pass en Coronado National Memorial ofrece una vista de los contenedores de acero que se extienden hacia el oeste a través del valle como si estuvieran apilados en los vagones de tren. Los contenedores cruzan un camino de terracería normalmente frecuentado por vehículos de la Patrulla Fronteriza, y en algunos lugares los contratistas han ampliado ese camino para dejar espacio tanto para los contenedores como para el tráfico normal.

La fila de contenedores de acero ondula con la tierra y sus arroyos secos, en algunos lugares se doblan para dejar huecos triangulares a los que los soldadores han adherido láminas de metal para hacerlos menos transitables. Del mismo modo, el terreno debajo de algunos de ellos expone una brecha lo suficientemente grande como para que un humano pueda pasar, aunque esfuerzos adicionales podrían llenarlos de tierra.

Los migrantes persistentes también podrían atravesar el acero, afirmó Harrity. A diferencia de los muros de tubos que el gobierno federal ha construido en otros lugares, los contenedores de envío protegerán a las personas del lado mexicano de los sensores y cámaras que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha instalado en los puestos del norte. Esto podría dar a los que cruzan la frontera una ventaja ante la Patrulla Fronteriza, afirmó.

“Este muro es menos práctico contra las personas pero más efectivo contra la vida silvestre”, señaló Harrity. “No está resolviendo ningún problema”.

Sky Island Alliance aún no ha informado los datos recopilados de sus primeros tres años de monitoreo de cámaras. Pero Harrity dijo que menos del 1 por ciento de los avistamientos han sido de humanos, y la mayoría de ellos eran agentes de la Patrulla Fronteriza que se desplazaban por la carretera.

Una cámara colocada en un arroyo cerca de donde el nuevo muro cruza previamente mostró venados de cola blanca y coyotes frecuentando el área por la noche, apuntó, pero esa actividad se ha detenido. Ahora la organización está instalando más cámaras cerca de la pared para ver cómo está alterando el comportamiento de la vida silvestre.

El portavoz del gobernador no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los efectos del proyecto en el medio ambiente y las especies en peligro de extinción. La demanda de Ducey no aborda los impactos ambientales. Un comunicado de prensa que su oficina emitió a finales de octubre decía que había un amplio apoyo a su plan para tapar las brechas en el muro fronterizo del gobierno federal y se vinculaba a una entrevista de KPNX-TV en la que el senador Mark Kelly, demócrata por Arizona, señaló. “Esto es una crisis. Entiendo su frustración (la de Ducey)”.

El comunicado de prensa del gobernador citó a la representante estatal Gail Griffin, una republicana que representa el área donde se está construyendo el muro, diciendo que la administración Biden ha “olvidado su deber de proteger la frontera de la nación”.

Los secretarios de prensa de Kelly y la senadora Kyrsten Sinema, demócrata por Arizona, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre las compensaciones ambientales del emergente muro.

Los grupos ambientalistas dicen que el gobierno federal debe tomar medidas para detener el proyecto, que está a punto de terminar antes de que finalice el mandato de Ducey.

“Los federales realmente necesitan dar un paso al frente”, dijo McSpadden. “Esta es su jurisdicción”.

En una acción legal separada, el Centro para la Diversidad Biológica presentó en octubre un aviso de su intención de demandar al estado por violaciones de la Ley de Especies en Peligro de Extinción. En ese caso, el centro buscará forzar la eliminación de la barrera, si los funcionarios federales aún no lo han hecho.