Tomado de: El Pais
La gestión de la frontera se complica para la Administración Biden. Un juez federal obligó el martes a Washington a poner fin al polémico Título 42, una medida impuesta por Donald Trump en marzo de 2020 que permite expulsar rápidamente a los inmigrantes que cruzan la frontera. Aunque fue una iniciativa impuesta durante la emergencia sanitaria, la norma fue dejada en vigor por los demócratas tras su llegada a la Casa Blanca porque les permitía un control más sencillo de la inmigración. Esto parece llegar a su fin. El togado Emmet Sullivan consideró que la herramienta ha sido utilizada de forma “arbitraria y caprichosa”, pues sustituye a una política migratoria. La decisión de Sullivan pone en aprietos al Departamento de Seguridad Interior, quien debe reorganizarse para atender a las decenas de miles de solicitantes de asilo o refugio. Todo esto en el año que vio superar los dos millones de aprehensiones, el mayor número registrado nunca en la frontera sur.
La tarde del martes, el Gobierno de Biden interpuso una moción en los tribunales para ganar tiempo. “El retraso de la implementación de la orden permitirá prepararse para una transición ordenada a nuevas políticas de la frontera”, señala un comunicado del Departamento de Seguridad Interior. La institución afirmó que los traficantes de personas intentarán aprovechar la situación para sacar ventaja de los migrantes más vulnerables.
“Esta es una gran victoria, en la que estaba en juego la vida o la muerte”, ha asegurado Lee Gelernt, un abogado de ACLU, la organización de derechos humanos que promovió la demanda. “Usar el Título 42 contra los solicitantes de asilo era inhumano y estaba impulsado puramente por temas políticos. Esperamos que el fallo acabe de una vez por todas con esta política horrible”, asegura la organización en un comunicado.
El Título 42 ha permitido a Estados Unidos expulsar a 2,4 millones de inmigrantes en algo más de dos años y medio. La mayoría de estas deportaciones han sido durante la Administración de Biden, que ha visto un agudo aumento en los flujos migratorios, especialmente de los provenientes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Las autoridades a cargo del Servicio de Aduanas y Control Fronterizo (CBP por sus siglas en inglés) informaron que durante octubre procesaron a más de 230.000 migrantes, un aumento de 1,5% con respecto a septiembre. Casi 80.000 de estos fueron expulsados de vuelta a sus países sin oportunidad de exponer sus casos a jueces de inmigración. El fin del Título 42 hará más difícil este tipo de retornos.
La norma, sin embargo, también facilitaba que los migrantes expulsados volvieran a intentar el cruce. Un análisis realizado en septiembre por The Washington Post de aprehensiones (”encuentros” los llaman las autoridades) entre marzo de 2020 y septiembre de 2021, encontró que 4.000 personas habían intentado cruzar la línea por lo menos 20 ocasiones antes. Un mexicano devuelto a su país en septiembre de aquel año lo intentó 81 veces.
El fallo deja a la Administración con pocas opciones. Sullivan ha impedido al Gobierno bloquear el fin del Título 42, que se había convertido en un objeto de intenso litigio entre organizaciones progresistas, que exigían su fin, y jueces conservadores que pedían extenderlo como forma de control de la frontera. En mayo, por ejemplo, un juez de Luisiana ordenó a Biden continuar con la medida. El Ejecutivo no ha dado señales de que pretenda recurrir a un tribunal superior ni otra instancia para apelar la decisión de Sullivan.
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