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Hermosillo, Son., 7 Feb. (Agencia Informativa de México).- El gobernador Alfonso Durazo Montaño presentó hoy un paquete de 13 proyectos de reformas legales para la transformación del estado de Sonora hacia un modelo de gobierno progresista, enfocado en las necesidades del pueblo y no en las de los grandes grupos de poder.
Destacó que las reformas dan fuerza a las instancias encargadas de vigilar el correcto desempeño por parte de los servidores públicos, combaten la corrupción, fortalecen transparencia, la seguridad y el combate a la delincuencia, además buscan fortalecer equilibro económico junto al desarrollo estatal.
“Los cambios institucionales que propongo buscan cuatro grandes objetivos: un equilibrio de poderes democrático, la institucionalización de la austeridad republicana, el combate decidido a la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones en asuntos públicos que fueron abandonados durante décadas como la movilidad, el deporte, la seguridad pública y el desarrollo sostenible”, manifestó.
En materia administrativa y fortalecimiento de la rendición de cuentas, propuso que las titularidades del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) tengan una vigencia de seis años para evitar el encubrimiento e impunidad en actos de corrupción de administraciones salientes.
El Congreso del Estado será el encargado de la elección del titular del ISAF, así como de los Órganos Internos de Control (OICs) de organismos autónomos, quitando esta facultad a los titulares de las mismas dependencias.
Otra propuesta consiste en que el Congreso del Estado, junto al Poder Ejecutivo, definan la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, actualmente en manos del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.
En lo correspondiente al ejercicio público y al combate a la corrupción, Durazo Montaño presentó un proyecto de modificaciones a la Ley Anticorrupción, para que las observaciones realizadas por las instituciones del Sistema Estatal Anticorrupción sean vinculantes a procesos legales.
Además, se abre a las denuncias y señalamientos de la ciudadanía, reducirá las percepciones de quienes integran el Consejo de Participación Ciudadana y hará públicas, mediante emisiones en canales oficiales, sus sesiones de trabajo y toma de decisiones.
De igual forma, presentó el andamiaje jurídico para la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado de Sonora, modificaciones al Código Penal del Estado para incrementar los tiempos de prescripción de delitos de cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y otros.
Asimismo, propone facultar a la Secretaría de la Contraloría para la suspensión de contratos y obras donde se detecten posibles daños patrimoniales, entre otras.
