Cajeme, SONORA.- Por abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, un policía municipal de Ciudad Obregón fue vinculado a proceso por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, hechos que fueron denunciados por la víctima y comprobados por el trabajo de los integrantes de la Institución.

El servidor público ejerciendo el poder que le otorga la ley para llevar a cabo su trabajo, detuvo a la víctima, quien se trasladaba en su vehículo por una avenida de la ciudad.

La autoridad al acercarse al ciudadano le realizó una serie de preguntas, entre ellas si venía bajo los influjos del alcohol, posteriormente el policía le solicitó al conductor un cantidad para dejarlo continuar, lo que conocemos comúnmente como “mordida”, por el monto de dos mil pesos, a lo cual el ciudadano se negó, y como respuesta inmediatamente fue bajado de su automóvil y llevado a la parte posterior del mismo.

Al hacerlo poner las manos sobre el vehículo, lo comienza a revisar y al llegar a la zona de los bolsillos del pantalón, el policía introduce la mano a la bolsa izquierda y saca el dinero que llevaba el conductor, siendo la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos).

La víctima se inconforma al darse cuenta que el policía toma el dinero y se lo manifiesta, teniendo como reacción el oficial el sometimiento de la víctima y amenazándolo con llevárselo detenido a la comandancia.

Por dichos hechos, el ciudadano acude posteriormente a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Municipal de Cajeme e interpone la respectiva denuncia, en la cual identifica a los elementos por su nombre ante el Comandante de la zona, que inmediatamente da vista al Ministerio Público, quien inicia la investigación.

Durante la audiencia, el Juez determinó la existencia clara de elementos para vincular a proceso al señalado y decidió como medida cautelar la presentación periódica del servidor público ante la autoridad competente, se le suspendió temporalmente de su cargo como Policía Municipal hasta que se dé por terminado el juicio.

De ser encontrado culpable podrían enfrentar una pena de 1 a 8 años en prisión, inhabilitación de 1 a 5 años, para desempeñar un empleo, cargo o comisión publica, reparación del daño, tal como lo señala el Artículo 180 del Código Penal del Estado de Sonora, si así lo determina el Juez.